¿Podrían Cuba y Estados Unidos crear una relación estable a largo plazo? El Cuba Study Group, una organización sin fines de lucro integrada por líderes empresariales y jóvenes profesionales cubanoamericanos, sostiene que sí. En un documento publicado el pasado 16 de febrero, el Grupo recomienda la aplicación de estrategias para “elevar la sostenibilidad política a largo plazo” de las acciones de acercamiento entre ambos países.

El texto “Relaciones entre Estados Unidos y Cuba en la era de Biden: un argumento para lograr la resiliencia en la política de acercamiento como medio de brindar apoyo a largo plazo al pueblo cubano” –entregado a la Casa Blanca el mismo día de su publicación– argumenta que una política de este tipo es “la mejor y más razonable manera de que Estados Unidos fomente sus intereses nacionales, reafirme su liderazgo regional, reduzca la resistencia a las reformas dentro del gobierno de Cuba, y promueva un futuro más libre y próspero para el pueblo cubano”.

Con el fin de garantizar tal sostenibilidad, no proponen solamente restaurar las relaciones diplomáticas con la Isla, o un retorno hacia las políticas implementadas durante la presidencia de Obama; sino negociar acuerdos de cooperación entre los dos gobiernos y arreglos económicos entre los sectores privados de ambas naciones, de forma que sea posible lograr una integración socioeconómica que limite la capacidad de revertir los avances logrados si cambia el escenario político, como ocurrió con la elección de Donald Trump.

Recomendaciones para el gobierno de Estados Unidos

El Grupo recomienda tres vías para la administración de Biden: 1) restaurar el apoyo hacia el pueblo cubano y reconstruir la confianza; 2) abordar los temas difíciles y afianzar la normalización de relaciones a través de la diplomacia directa de alto nivel; y 3) responder a la apertura con apertura.

La primera comprende, a su vez, acciones generales que consisten en diversas medidas destinadas a revertir las políticas de la administración previa que hayan causado daños al pueblo cubano –tales como las restricciones a viajes, remesas familiares u otorgamiento de visas–; reestablecer el apoyo al sector privado de la Isla, mediante la creación de una nueva licencia general que permita, entre otras acciones, el ingreso a Estados Unidos de importaciones aprobadas libres de aranceles, la apertura de cuentas bancarias y el establecimiento de entidades corporativas.

Asimismo, sugieren reanudar y profundizar en la cooperación en salud pública, con el fin de realizar esfuerzos conjuntos con el objetivo de combatir la COVID-19. Para ello, sería necesario autorizar las exportaciones a Cuba de suministros y equipos médicos de emergencia, así como retomar el memorando de entendimiento firmado por el Departamento de Servicios Humanos y Salud de Estados Unidos y el Ministerio de Salud Pública de Cuba en 2016, el cual sentaba las bases para el desarrollo de una estrategia de cooperación en el sector entre ambas naciones.

El documento propone además la realización de eventos públicos, consultas privadas y visitas oficiales al sur de la Florida, con el fin de establecer un mecanismo de retroalimentación que involucre a la comunidad cubanoamericana en las propuestas de política.

También, especifican que se deben reestablecer las relaciones diplomáticas, los servicios consulares, y continuar las investigaciones sobre las causas del denominado síndrome de La Habana, las cuales podrían realizarse con mayor profundidad si se cuenta con una embajada en pleno funcionamiento en esta ciudad.

De igual forma, una revisión de la designación de Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo y de otras medidas implementadas en los últimos cuatro años, como por ejemplo el veto al acuerdo entre las Grandes Ligas de Béisbol y la Federación Cubana de este deporte, contribuirá a crear un clima de confianza que facilite la normalización de los vínculos entre los dos países.

Ello ayudaría en las negociaciones que, según la segunda vía propuesta por el Cuba Study Group, deberán realizarse para resolver disputas que han impedido lograr avances en el pasado. Esta ruta sugiere la designación de un Representante Especial para Cuba que establezca una vía de comunicación con el fin de abordar temas como las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses sobre propiedades confiscadas por el gobierno cubano; la devolución de fugitivos de Estados Unidos refugiados en Cuba; los derechos humanos en la Isla, entre otros. El avance significativo en estas conversaciones podría generar un impulso que contribuyera a cambiar el cálculo político del Congreso de Estados Unidos y otras partes interesadas en lo referente a la normalización de las relaciones, señala el texto.

La tercera vía recomienda una apertura económica progresiva de Estados Unidos hacia Cuba, condicionada al reconocimiento, por parte de esta última, de derechos más amplios a sus ciudadanos y la creación de oportunidades para la inversión directa de Estados Unidos.

Al respecto, Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, explicó a Periodismo de Barrio que la inversión directa en la Isla y, en especial la de la diáspora cubana, generaría grandes beneficios para la economía del país y para las relaciones entre ambas naciones:

“En primer lugar, la inversión directa en pequeñas y medianas empresas cubanas sería un catalizador enorme para el desarrollo de mercados que Cuba no posee actualmente, pero que serán necesarios para crear mayores oportunidades de inversión en la economía en el futuro. En segundo lugar, sería una manera muy práctica y eficaz para profundizar los lazos socioeconómicos entre los Estados Unidos y Cuba, ya que el sector privado es el que se encuentra menos expuesto a las sanciones del embargo, el cual será muy difícil derogar en el Congreso en un corto y mediano plazo. Esos lazos son esenciales porque, en tercer lugar, lograrían arraigar las relaciones bilaterales, ya que estos vínculos crearían las bases de constituyentes necesarias para resistir ataques a las relaciones bilaterales en el futuro”.

Recomendaciones para el gobierno de Cuba

Una de las recomendaciones de Cuba Study Group es la ampliación de las actividades económicas en las que puede participar el sector privado (Foto: Sadiel Mederos).

El camino hacia la normalización de las relaciones bilaterales a largo plazo se encuentra marcado por la puesta en práctica de reformas en la Isla que garanticen mayores libertades económicas y ciudadanas. El documento precisa que “Cuba debe superar la resistencia interna a una relación más abierta con Estados Unidos y estar dispuesta a hacer cambios que salvaguarden la relación bilateral independientemente del partido político estadounidense que esté en el poder”.

Para Herrero, el gobierno cubano debe efectuar pasos serios y profundos que permitan la permanencia de esta relación, los cuales deben comenzar por reformas económicas; pero también por el derecho a trabajar con cubanos dentro del país como socios igualitarios.

Dentro de las acciones que influirían en allanar este camino se encuentran la ampliación de las actividades económicas en las que puede participar el sector privado; la garantía a ciudadanos y emigrantes cubanos de mayores derechos para la participación en los asuntos económicos, políticos y públicos; la creación de un marco legal que permita a los medios no estatales operar libremente en Cuba; así como finalizar las detenciones y hostilidades hacia los periodistas de estos medios, artistas, y activistas pacíficos.

A pesar de que el gobierno cubano se ha opuesto sistemáticamente a realizar concesiones en este sentido, la puesta en práctica de tales acciones, lejos de comprometer la soberanía nacional, le permitiría al país reducir su nivel de exposición a la aplicación de leyes como la Helms-Burton e, incluso, podría conducir a su derogación por el Congreso de Estados Unidos, expone el  texto.

Hacia una estabilidad a largo plazo

Según el Cuba Study Group, las políticas destinadas a un cambio de régimen en Cuba, aplicadas históricamente por Estados Unidos, no han logrado un avance perceptible de la democracia en Cuba y han afectado a la sociedad civil, el sector privado y la ciudadanía en general. Para los autores, la apertura al diálogo no implica una aprobación de las prácticas del gobierno cubano, sino que constituye una oportunidad para Estados Unidos de defender sus intereses y normas democráticas ante las autoridades cubanas.

Al mismo tiempo, los primeros pasos para la normalización debieran ocurrir lo más pronto posible. “Si ambos países no logran una política de acercamiento íntegra esta vez y no establecen el camino hacia la normalización sobre un terreno más firme, tememos que no habrá otra oportunidad como esta por muchos años”, puntualiza el informe. Para ello resulta necesario la respuesta mutua y proactiva de ambas partes.

En el caso de Cuba, esto requerirá avances significativos en la liberalización de su economía en los próximos cuatro años; así como concederles mayores derechos a sus ciudadanos. Para Estados Unidos, implica el abandono de las políticas enfocadas en el cambio de régimen en Cuba y la comprensión de que el futuro del país debe ser determinado por los propios cubanos.

“Una política de acercamiento con Cuba no es un fin en sí, ni es una garantía. Es un camino que, mucho más que las sanciones perpetuas, contiene la principal promesa de conducir gradualmente a los actores de Cuba y Estados Unidos hacia un futuro más próspero y compartido, en el que solo el pueblo cubano elija su destino”.

Sobre el autor

Olivia Marín Álvarez

Olivia Marín Álvarez

Doctorante en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México. Máster en Relaciones Internacionales por la misma Universidad (2018). Graduada de Periodismo por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana (2012).

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