Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para comprender el alcance de los cambios que se implementarían en el país.

¿Cómo cambiaría la intervención del Estado en la economía cubana?

Las nuevas medidas incluyen una descentralización de las decisiones económicas en favor de mayor autonomía para las empresas estatales y el sector presupuestado. Así, se amplían las facultades del sistema empresarial estatal para que opere en condiciones similares al resto de los actores económicos; se les autoriza la aprobación de los precios mayoristas y minoristas; y se faculta a las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) y a las empresas para decidir sobre la creación, fusión y liquidación de empresas y micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) estatales, sin depender de la aprobación del Ministerio de Economía y Planificación.

Además, las entidades que participan en las cadenas de suministros tendrán acceso al mercado cambiario; las escalas salariales podrán ser negociadas con los trabajadores y el sindicato, en función de las capacidades económicas y financieras de las empresas; se permitirá que realicen inversiones y moneticen activos subutilizados mediante arrendamiento a largo plazo a diferentes actores de la economía y la inversión extranjera, así como transformarlas en sociedades mercantiles por acciones o participaciones y que puedan comprar acciones a otras empresas.

De igual forma, se plantea reducir la cantidad de ministerios y estructuras presupuestadas del Estado, eliminar la aprobación administrativa para el ejercicio del pluriempleo en algunos sectores, implementar incentivos para retener la fuerza de trabajo calificada, facultar a los empleadores para aprobar jornadas laborales reducidas, permitir el teletrabajo desde el exterior e incluir la superación en el extranjero por interés personal como causa justificada de la suspensión del cumplimiento del servicio social, con la conformidad del empleador.

También, realizar una reforma salarial en el sector, con un incremento del salario mínimo de 2.100 a 3.210 pesos cubanos (CUP) y la actualización en las demás escalas salariales a partir de julio, y evaluar la posibilidad de poner en práctica un incremento anual, en función de la inflación y las posibilidades del país.

¿Cuáles son los principales cambios en el sistema de planificación económica?

Marrero Cruz señaló que resulta vital transformar el sistema de planificación a partir de una transición a través de la cual el Estado abandona progresivamente la distribución física de recursos y le da mayor participación a las señales del mercado.

De este modo, las empresas estatales accederán de forma descentralizada a insumos, divisas, combustibles y otros recursos para su producción mediante mecanismos de mercado y se ampliarán los límites de aprobación de las inversiones.

En este contexto, se plantea una transformación digital como base de la gestión del gobierno. Las acciones incluyen crear un nodo tecnológico nacional de software y hardware e inteligencia artificial, con el fin de emplear esta última en la administración pública; aplicar un sistema de remuneración competitivo que tribute al impulso de la exportación de servicios profesionales en tecnologías digitales e inteligencia artificial; permitir la inversión extranjera en la ampliación de las capacidades de los centros de datos de Etecsa; además de autorizar al sector privado a brindar servicios de centros de datos que no alojen plataformas de gestión de infraestructuras críticas del país.

Por su parte, habrá cambios en la autonomía en la gestión de los municipios, con mayores responsabilidades en la planificación del desarrollo económico, la gestión presupuestaria y la prestación de servicios; la posibilidad de exportar e importar directamente y de estimular y gestionar la Inversión Extranjera Directa (IED); la creación de fondos municipales a partir del aporte de las utilidades del sistema empresarial; el establecimiento del pago de la recogida de desechos sólidos urbanos, mediante la aplicación de tarifas diferenciadas sin subsidios y subsidiadas para los hogares; así como el reconocimiento de las asociaciones entre municipios para proyectos y servicios compartidos.

Paralelamente, si bien en la Asamblea Nacional del Poder Popular se ratificó que se mantiene la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, se introducen cambios en las formas de propiedad, al permitir la compra de acciones de empresas y propiedades estatales por parte de personas naturales y jurídicas estatales, no estatales, nacionales y extranjeras; así como reconocer el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de las personas jurídicas y naturales.

Al mismo tiempo, se amplían las posibilidades para las formas de gestión no estatal, con la autorización de la creación de MIPYMES y cooperativas no agropecuarias pendientes de aprobación en la plataforma de actores económicos, la reducción de trámites para la constitución y operación de negocios, el incremento del límite de contratación a más de 100 trabajadores en las MIPYMES, la autorización para que una persona natural pueda ser titular o poseer acciones de más de una empresa privada, y la ampliación de las formas societarias bajo las que pueden organizarse las empresas privadas.

De igual forma, se conceden derechos reales en usufructo y superficie a empresas privadas o cooperativas, con el fin de realizar inversiones para el desarrollo de sus actividades productivas o de servicios; se autorizan los depósitos de divisas en efectivo para actores no estatales y su acreditación en cuentas bancarias en la misma moneda depositada, además del derecho de extraerlo; y la reducción de la lista de actividades prohibidas para los actores económicos no estatales.

¿Qué medidas se proponen para el funcionamiento de la economía?

En este ámbito se proponen acciones para modificar el funcionamiento del sistema bancario, cambiario, tributario y de seguros, la política de precios, la IED y el comercio exterior.

Como resultado, se estipula la participación del capital privado en actividades bancarias y financieras; el establecimiento de instituciones financieras privadas y de microcrédito; la eliminación de restricciones a los pagos en divisas entre negocios con capital extranjero y sus proveedores nacionales; la apertura de cuentas en divisas por parte de personas jurídicas y naturales sin autorización administrativa previa; la creación de entidades financieras exclusivas y especializadas en activos virtuales; la aceleración del procedimiento de automatización de los bancos y la reducción de los trámites; la conclusión del proceso de eliminación de los límites en las transferencias bancarias y en la extracción por personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras.

Asimismo, se plantea incorporar actores no estatales al mercado de divisas y el otorgamiento de licencia de operaciones a casas de cambio privadas, crear un mercado cambiario digital en tiempo real con agentes autorizados, implementar un sistema de subasta de divisas, y realizar devaluaciones sucesivas de la moneda nacional para reducir las diferencias de tipos de cambio.

En cuanto al sistema tributario, se espera mejorar la imposición al consumo mediante la implementación gradual del impuesto sobre el valor agregado (IVA), con impositivos reducidos a productos de la canasta de bienes y servicios; establecer la factura electrónica fiscal con incentivos que promuevan su asimilación por parte de los contribuyentes; aplicar una bonificación al impuesto sobre las ventas y servicios en operaciones bancarizadas; reducir la carga fiscal del sector empresarial por concepto del impuesto sobre utilidades, con el objetivo de incrementar sus capacidades de crecimiento e inversión; y aplicar un tipo impositivo reducido de impuesto sobre utilidades para el sector agropecuario, con el fin de estimular la producción.

También, crear incentivos fiscales para los actores económicos estatales y no estatales que financien inversiones en el sector social; actualizar el impuesto sobre ingresos personales de acuerdo con el actual escenario inflacionario, incrementar las cuantías fijas de los impuestos sobre el transporte terrestre, embarcaciones, documentos, impuestos ambientales y la tasa de radicación de anuncios comerciales; además de diseñar tarifas arancelarias e incentivos que favorezcan los procesos productivos nacionales y la importación de materias primas, materiales, tecnologías y equipamiento para el uso de fuentes renovables de energía.

En el caso de los seguros, se prevé implementar nuevas modalidades de cobertura, con un seguro de vida de carácter complementario a las protecciones de la Seguridad Social, el cual podría usarse después de la jubilación del asegurado; expandir la comercialización de pólizas de seguro en divisas y regular con carácter obligatorio el seguro de responsabilidad civil.

Con respecto a los precios, se considera descentralizar la aprobación de precios y tarifas a las empresas y administraciones territoriales y locales y eliminar la formación de precios por el método de gastos. En su lugar, se empleará el precio de referencia del mercado o por correlación, según su posición en la cadena de valor.

Por su parte, las transformaciones en el sector de la IED incluyen impulsar la participación de la inversión extranjera en empresas privadas; extender el límite de otorgamiento de derechos de superficie hasta 99 años y el derecho de usufructo por más de 50 años; permitir que los negocios con capital extranjero puedan abrir cuentas bancarias en el exterior y que los inmobiliarios puedan realizar operaciones de compraventa de unidades residenciales; eliminar el uso obligatorio de entidades empleadoras para seleccionar y contratar a los trabajadores de empresas extranjeras; reducir la documentación, los plazos y descentralizar la aprobación de estas inversiones; así como autorizar este tipo de inversiones en zonas patrimoniales que hasta el momento no se encontraban permitidas.

En relación con el comercio exterior, se estipula autorizar la exportación e importación directa para empresas privadas y cooperativas y la venta de marcas y patentes en el mercado internacional por las instituciones científicas.

¿Qué sectores económicos se incluyen en las reformas?

Las propuestas incluyen medidas específicas para sectores estratégicos, como el energético, donde se permitirá la participación del capital privado y extranjero en la importación y comercialización de combustibles; la operación de la red de servicentros por diferentes actores económicos, incluidas las MIPYMES; la otorgación de incentivos financieros para las acciones que impulsen la transición energética y beneficios fiscales a las inversiones energéticas con impacto social, entre las que se encuentran aquellas realizadas en centros de servicios a la población, sociales o de cuidado.

En el sector agropecuario y de producción de alimentos se estipula ampliar el derecho de usufructo de tierras, eliminar restricciones para productores, autorizar a las cooperativas a importar y comercializar directamente los combustibles que requieren para operar, a gestionar directamente financiamientos externos para producciones exportables y a abrir cuentas bancarias en divisas en el exterior y en bancos cubanos.

Además, se decide que la contratación y la concertación de precios de las producciones agropecuarias serán acordadas entre el productor y el comprador, se creará un Sistema Nacional de Información de Precios de los mercados de los productos agropecuarios y se diseñarán incentivos para que todos los actores económicos comercialicen insumos agropecuarios en divisas y en pesos y que tengan acceso al mercado cambiario.

En cuanto al comercio, la gastronomía y los servicios, se recomienda priorizar las formas de gestión no estatal y las modalidades de inversión extranjera para el fomento, desarrollo y gestión de estas actividades; reordenar el comercio mayorista, con énfasis en la creación de mercados de abastos con acceso directo de personas naturales y jurídicas; crear cadenas de tiendas, restaurantes y redes de gastronomía de marcas reconocidas u otras que se extiendan por todo el país e invitar a franquicias extranjeras de alimentos ligeros a invertir en Cuba y expandir sus cadenas por el territorio nacional.

De igual forma, licitar parques recreativos, zoológicos, acuarios, áreas protegidas y unidades de alojamiento a empresas estatales, extranjeras, privadas y cooperativas, pero con condiciones para su explotación; formalizar en las comunidades los vendedores de diversas modalidades y habilitar el carnet de vendedor ambulante con un régimen simplificado de impuestos; así como la creación de un sistema automatizado digital, auditable y público para la licitación de locales y activos a todos los actores económicos.

En el sector del transporte, se propone eliminar la restricción establecida para la adquisición de vehículos por los diferentes actores económicos y estimular la movilidad eléctrica fotovoltaica; así como permitir la importación directa con carácter comercial por personas jurídicas estatales o privadas para el ensamblaje y la comercialización de vehículos eléctricos de las clases de ciclomotor, motocicletas y triciclos.

Para el turismo, se recomienda agregar a las modalidades de negocios ya existentes los arrendamientos, el otorgamiento de derechos reales de usufructo con carácter oneroso, la concesión de áreas en desarrollo en diferentes regiones del país, y la venta de inmuebles tanto para inversionistas extranjeros como para cubanos residentes en el exterior y residentes en el país; permitir la aplicación de todas las modalidades de negocios en los cayos y en otras zonas patrimoniales que requieran de inversión extranjera; y autorizar el desarrollo inmobiliario y la modalidad de empresas mixtas y arrendamiento en las marinas turísticas.

Asimismo, aprobar beneficios tributarios y fiscales para proyectos de ecoturismo y otras modalidades de turismo especializado; autorizar la renta de autos a empresas estatales, la inversión extranjera y las formas de gestión no estatal; y la constitución de agencias de viajes a empresas mixtas, a empresas ciento por ciento extranjeras y a formas de gestión no estatal.

¿Cuáles serán los cambios en los subsidios y la protección social?

Como parte de las medidas se establecen acciones para la protección social y otras destinadas a modificar el sistema actual. Entre estas se encuentran, digitalizar la gestión de las ayudas mediante el empleo de la plataforma Soberanía para la actualización en tiempo real del registro de las personas y familias en situaciones de vulnerabilidad; respaldar los comedores del sistema de atención a las familias, hogares de alimentación comunitaria, de niños sin cuidado parental, de ancianos, maternos, casas de abuelos y otros centros sociales; así como establecer precios diferenciados, descuentos, o cupones solidarios para personas en situaciones de vulnerabilidad.

También, crear módulos básicos mensuales para personas y familias vulnerables, ofrecer empleo, capacitación y aprendizaje a estas personas, crear fondos de emergencia local con aportes privados, apoyar servicios funerarios para familias sin recursos, impulsar ferias y ventas populares en comunidades, diseñar tarifas diferenciadas para los servicios de círculos infantiles y beneficios fiscales a los talleres donde laboran personas en situaciones de discapacidad.

En cuanto a la pensiones, se decidió eliminar el límite establecido para el pago de la contribución social del sector no estatal, considerar un máximo de diez años como parte de los 30 años mínimos exigidos para el régimen contributivo, si las personas los han dedicado a cuidados familiares, y establecer un ingreso mensual por ayuda, equivalente a un salario mínimo, para los jóvenes de entre 18 y 30 años desvinculados del estudio o del empleo que se inscriban a un curso de preparación o capacitación para luego trabajar.

Asimismo, los trabajadores que, por decisión de la empresa, interrumpen su labor, recibirán una protección monetaria equivalente a entre un mínimo de tres y un máximo de seis veces su salario básico hasta que pueda resolver esa situación. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, se establece la protección equivalente a un mes de remuneración en caso de quedarse sin empleo.

Con respecto a los subsidios, se propone transitar de la canasta familiar normada a las ventas controladas sin subsidio en la red de comercio, con el fin de eliminar los subsidios a productos y transformarlos en subsidios a personas que lo requieran. Con este fin, se determina crear un fondo de protección social, como condición previa a estas transformaciones, a partir del “ahorro” que se genere por la eliminación de los subsidios.

¿Cómo se implementarán las medidas?

Las medidas no entrarán en vigor de manera simultánea, sino a través de un proceso gradual que requerirá modificaciones legales, regulatorias e institucionales. La propuesta contempla la elaboración de nuevas normas, la adecuación de marcos jurídicos existentes y la participación de distintos organismos en la puesta en práctica de los cambios. Según Marrero Cruz, la implementación tendrá en cuenta la mitigación de los impactos negativos y la adopción de acciones correctivas, así como un sistema de aprendizaje para los principales cuadros y ejecutivos.

La entrada Las nuevas medidas económicas y sociales anunciadas por Cuba, explicadas se publicó primero en Periodismo de Barrio.

En este episodio de El Descanso, Lien, Yadira y una invitada muy especial conversan acerca de cómo se comporta el fenómeno del bullying en la escuela cubana; si existen leyes o normativas para su enfrentamiento; y sobre cómo sus consecuencias recaen –también– sobre las personas cuidadoras. Acompáñanos en este necesario debate con el que, además, cerramos esta temporada especial de nuestro podcast.

La entrada El Descanso: Acoso escolar (Temporada Especial) se publicó primero en Periodismo de Barrio.

Eran los años de la Batalla de Ideas y de una relativa meseta económica, en los que la vida continuaba atravesada por tensiones materiales y formas de racionamiento heredadas de la década anterior.

“Aquí tienen a un país prosperando, avanzando”, decía Fidel Castro en octubre de 2002 frente a trabajadores azucareros en Artemisa.

Pero durante 1.296 minutos repartidos en 48 capítulos, Doble Juego, bajo la dirección de Rudy Mora, mostraba otra cosa. Presentaba la forma en la que esos jóvenes vivían —o, mejor dicho, sobrevivían— a la realidad de un país que “prosperaba”. Ellos versus la marginalidad y la marginación. Ellos versus las olas migratorias del momento. Ellos versus familias —construidas y deconstruidas— que no sabían o no podían responder a las necesidades emocionales o materiales de sus hijos. Ellos versus un Estado que decía avanzar tan rápido que dejaba atrás a los suyos.

Con la estética trash de la época y las limitaciones de infraestructura del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), Mora lanzó al universo un retrato no épico, casi neorrealista, de una juventud estigmatizada y constantemente cuestionada por ser promiscua, ruidosa o desobediente. Pero que, frente a la escasez de aquellos años, se vio obligada a crear redes para seguir creciendo en un país incapaz de sostenerla. Un país que, por el contrario, terminaba expulsándola por tierra o por mar.

El doble juego era entonces el de la Cuba institucional —presunta garante de derechos, en camino hacia algo más grande— y la otra Cuba, la cotidiana.

A que tanta historia me da igual,
me asusta tu forma de curar,
no voy a aguantar más la presión,
no voy a encerrarme en tu prisión.

Dicen que es una canción de amor.

La escasez de medicamentos es también uno de los focos del proyecto. Foto: Cortesía del proyecto La solidaridad nos salvará.

Raymar Aguado Hernández nació en La Habana en octubre del 2000, dos años antes del estreno de Doble Juego.

Probablemente no lo sabe —o, por lo menos, no se lo he dicho aún—, pero el video que él y un grupo de amigos publicaron en redes sociales el 5 de marzo de 2026 tiene ecos de una telenovela neorrealista. Una docena —y un poco más— de manos nacidas durante o poco después del Período Especial cortan verduras, desmenuzan alguna que otra proteína de origen animal, remueven ollas de arroz condimentado, sellan platos de telgopor, llenan bolsas y salen a recorrer las calles habaneras para repartir lo elaborado.

La colorimetría, intencional o no, es similar a la del ICRT de inicios de siglo: tonos amarillos y anaranjados. Planos hechos cámara en mano. Escenas cortas y rápidas. Ya no aparece un televisor Caribe acompañado por frases como “Ser cultos para ser libres”. Ahora la consigna es otra: “La solidaridad nos salvará”.

Tampoco suena Polito Ibáñez. La banda sonora es distinta.

“Por más terrible que parezca el presente, juntos construimos una parte del futuro”, escriben.

Quiero saber sus nombres, cuántas horas de electricidad tuvieron en las últimas 24, cuáles son sus sueños y aspiraciones, si sus familias siguen en la isla o si, como tantas otras, están fragmentadas. Se los ve alegres, en un país donde la alegría parece tan distante como el propio país. Quiero saber si están bien. Aquí no hay producción televisiva. Es lo que es.

Los días siguientes llegan más videos de un proyecto sin nombre, pero encabezado siempre por el mismo título: La solidaridad nos salvará.

—¿Cómo surge esta iniciativa y quiénes son las personas que la integran? —le pregunto a Raymar, quien ha sido el encargado de publicar cada uno de los materiales difundidos hasta el momento.

—El proyecto surge, básicamente, como una necesidad histórica en uno de los contextos más precarios y terribles de las últimas décadas, frente al nivel de desprotección que tiene hoy la mayoría popular en Cuba. Un grupo de personas con inquietudes políticas similares intenta brindar apoyo a quienes se encuentran en situaciones extremas de precariedad: adultos mayores, pensionados, madres solteras y familias en condiciones de empobrecimiento muy marcadas.

“Es, en cierta medida, la continuación de varias iniciativas independientes que han existido durante mucho tiempo y que, de una forma u otra, han tratado de articularse, aunque cada una haya tomado su propio cauce” —me responde.

—¿Cómo describen la labor que realizan?

—Es una ayuda que parte de un fragmento del pueblo (de la ciudadanía), en beneficio de otro fragmento del pueblo. Por eso no nos gusta hablar de asistencia social ni de otras categorías que no ilustran realmente lo que buscamos: tejer lazos e invitar a más personas a sumarse a labores similares.

“Para nosotros esto es fundamental porque sentimos que estos tiempos exigen formas de unidad, apoyo colectivo y comunitario que puedan traducirse también en algún tipo de renovación política para la isla, en un contexto tan extremo como el actual”, explica Raymar.

Ya no son solo ollas las que aparecen en primer plano, sino también medicamentos, jabones, pasta dental, esponjas para lavar y otros artículos de higiene. Foto: Cortesía del proyecto La solidaridad nos salvará.

En marzo se cumplió un mes de las nuevas sanciones de la administración de Donald Trump contra el sector energético cubano. El mismo mes en que Miguel Díaz-Canel, desde el Palacio de la Revolución, revivió los fantasmas de la Operación Cero y apeló a la “resistencia creativa” para enfrentar una nueva etapa.

Marzo fue también el mes en que se confirmó el inicio de un nuevo proceso de diálogo entre La Habana y Washington. El mes en que Óscar Pérez-Oliva Fraga, ministro de Comercio Exterior, apareció en medios internacionales para reiterar que los cubanos emigrados eran ahora bienvenidos a invertir en la industria nacional. El mes en que arribaron las primeras embarcaciones del Convoy Nuestra América, cuya ayuda muchas personas de la sociedad civil aseguran no haber podido contabilizar aún.

Ya estamos en junio y las escenas de los videos introducidos por la frase “La solidaridad nos salvará” se han complejizado, del mismo modo en que se ha complejizado el día a día dentro de la isla. Ya no son solo ollas las que aparecen en primer plano, sino también medicamentos, jabones, pasta dental, esponjas para lavar, artículos de higiene y productos básicos. Diríamos que son objetos cotidianos, pero ¿qué es lo cotidiano en la Cuba de 2026?

“Apagones interminables, precios impagables, precariedad, desesperanza, escasez, insalubridad… Estas y muchas otras palabras describen la realidad de vida del pueblo cubano. Seguimos en nuestra labor”, escribe Raymar en un material publicado el mismo primero de junio.

—¿Cuáles son hoy las necesidades más urgentes que encuentran en las comunidades?

—El deterioro de la vida de los cubanos se venía profundizando desde antes de 2020, un año marcado por la pandemia. Pero aún así, existían ciertas garantías en términos de calidad de vida que hoy ya no están. El 2026 es, probablemente, el peor año de las últimas décadas. Prácticamente todos los sectores de la realidad cubana se encuentran en un estado de colapso.

“La pensión media de los jubilados en Cuba oscila entre los tres y los ocho dólares mensuales, según la tasa cambiaria oficial. Mientras tanto, la canasta básica, según diversas investigaciones, supera los cien dólares. Los números lo dicen todo”, explica.

“Nos enfrentamos a una estructura completamente disfuncional: un país envejecido, cuya densidad poblacional va en descenso y que mantiene un altísimo índice de juventudes emigradas. Una hecatombe social donde las necesidades urgentes son muchas: alimentos, ropa, artículos de aseo y medicamentos. Por eso trabajamos con personas mayores que viven solas, pensionados, madres solteras y familias en condiciones de empobrecimiento muy graves. Personas que tienen limitaciones para sostenerse económicamente por sí mismas. Y en ese trabajo hay historias que nos han marcado profundamente.

“Está el caso de un hombre diabético, hipertenso, amputado de una pierna y ciego, que vive solo. Durante más de un año no pudo conseguir pentoxifilina, un medicamento fundamental para evitar nuevas complicaciones vasculares. También el de una pareja de adultos mayores en la que uno de sus integrantes se encuentra postrado debido al cáncer, mientras que su esposa, responsable de cuidarlo, padece Alzheimer. Ambos necesitan atención permanente. Gracias a la solidaridad barrial y a la ayuda del proyecto han podido sobrellevar, al menos en parte, la situación. Aunque eso no significa que deje de ser difícil”, cuenta.

—¿Cómo es hoy el trabajo del día a día del proyecto y cuáles son los principales desafíos para sostenerlo?

––Nos hemos concentrado en realizar diagnósticos barriales para identificar núcleos familiares con necesidades muy marcadas. A partir de esos diagnósticos distribuimos módulos de aseo, algunos insumos alimentarios y otros recursos que permitan generar un impacto más sostenido en la vida cotidiana de quienes apoyamos.

“También nos hemos enfocado mucho en el acceso a medicamentos. Hoy faltan numerosos medicamentos esenciales, especialmente aquellos que las personas necesitan consumir diariamente, como la aspirina o la pentoxifilina. Las cocinas populares continúan, pero han sido reconceptualizadas. Ahora buscamos tener una incidencia más constante y específica sobre distintas personas y familias”, dice.

Raymar habla de crisis catalizadoras, capaces de impulsar nuevas formas de organización colectiva. Algo de lo que ha sido testigo en este proyecto sin nombre, conformado por amigas y amigos, y que también ha observado en otros espacios similares nacidos desde la propia barrialidad.

“La principal enseñanza que nos ha dejado el proyecto —y que forma parte de nuestro eslogan— es que la solidaridad nos salvará. Solo generando redes de apoyo que partan del pueblo y respondan a las necesidades del pueblo podemos construir espacios democráticos y horizontales en medio de la hecatombe que vivimos actualmente. Por eso hemos decidido documentar los procesos. Los videos tienen varios objetivos. Uno de ellos es mostrar a quienes realizan donaciones que la ayuda efectivamente llega a las familias que la necesitan. Pero también buscamos que esos materiales funcionen como una invitación.

“Queremos que otros colectivos, vecinos y ciudadanos que tengan la posibilidad, el tiempo o la disposición de hacerlo puedan replicar experiencias similares. El momento histórico que vive Cuba exige precisamente eso: más iniciativas solidarias, más organización comunitaria y más compromiso social”.

A partir de diagnósticos barriales, el proyecto conforma las ayudas y las distribuye. Foto: Cortesía del proyecto La solidaridad nos salvará.

En 2002, cuando Doble Juego formaba parte de la conversación nacional, las señoras en los portales, vestidas con sus ropas de tarde, hablaban de valores perdidos. De una juventud sin rumbo. Molestaban los primeros perreos —ya intensos— al ritmo de Eddy K y el dembow cubano de Candyman; también aquellas modas iracundas que años después serían reconocidas como parte de la estética Y2K.

Un cuarto de siglo más tarde, la promesa del “país próspero” del que hablaba Fidel Castro quedó en eso: una promesa. Y el oficialismo aún nos habla de una juventud confundida.

La juventud confundida que se plantó frente al Ministerio de Cultura en noviembre de 2020, tras la represión al Movimiento San Isidro. La juventud confundida que protagonizó la huelga nacional universitaria de 2025, tras el tarifazo de ETECSA. La misma que este año se sentó a los pies de la escalinata de la Universidad de La Habana para exigir respuestas y soluciones a un sistema educativo paralizado.

La juventud cubana retratada por Rudy Mora y la de ahora, que protagoniza los videos de La solidaridad nos salvará, lleva más de veinte años obligada a inventar sus propias formas de subsistencia. Se sostiene a sí misma y sostiene a quienes quedaron atrás. Repara los vacíos de un sistema que nunca terminó de cuidarla, que prefirió dejarla marcharse antes que construir un camino para su futuro.

“No quiero que me salve nadie”, declama Raymar, citando versos de Raúl Rivero, mientras introduce en bolsas de plástico productos que irán a parar a una casa ajena. “La gasa, la tensa gasa, solo redime las quemaduras a flor de piel, de modo que nada puede hacer cuando el ardor va en la memoria y la llaga no es un punto en el cuerpo, sino un país donde se ha prohibido la armonía”.

La juventud cubana no está perdida; los perdidos son otros.

La entrada La solidaridad nos salvará: la propuesta de una juventud «confundida» se publicó primero en Periodismo de Barrio.

Por suerte —más bien gracias a quienes los hacen posible—, existen en Cuba proyectos y personas que apuestan por ofrecer espacios donde aún sea posible soñar, divertirse y aprender. En este episodio de El Descanso, Lien y Yadira conversan, entre otras cosas, sobre dos de ellos.

(Este podcast fue grabado en 2023; aunque es probable que estas iniciativas hayan desaparecido o modificado sus modos de hacer, su aporte no deja de ser valioso y por ello lo compartimos).

La entrada El Descanso: ¿Dónde jugarán los niños? (Temporada Especial) se publicó primero en Periodismo de Barrio.

En este episodio de El Descanso, analizamos las dinámicas de los cuidados transnacionales y la crianza a distancia, un fenómeno que atraviesa la realidad de la diáspora y de quienes permanecen en la Isla. A través del análisis y las historias de sus protagonistas, exploramos el impacto de la separación en el tejido familiar y social, y abordamos temas como la feminización y el peso moral del cuidado, la reconfiguración de los roles familiares, y los desafíos legales y burocráticos del fenómeno.

Nota editorial: Este episodio fue grabado en 2023. Al rescatarlo de nuestro archivo, hemos decidido publicarlo íntegramente, pues los testimonios y reflexiones aquí compartidos mantienen una vigencia dolorosa y necesaria para entender la realidad que hoy, tres años después, sigue atravesando nuestra comunidad.

La entrada El Descanso: Cuidados a distancia (Temporada especial) se publicó primero en Periodismo de Barrio.

Creamos una comunidad maravillosa de personas interesadas en escuchar otras voces cansadas y en compartir la propia. Un espacio seguro que sirvió para nombrar el agotamiento y, por tanto, cuestionarlo. Conseguimos que, más allá de un podcast, El Descanso fuera un diálogo colectivo donde quejarse dejó de ser vergonzoso para convertirse en una forma de resistencia. Hoy tenemos la certeza de que, al menos por unos meses, hicimos algo valioso entre todas.

Una vez finalizada la primera temporada, anunciamos una segunda y nos pusimos a trabajar. La idea inicial era grabar, al menos, ocho episodios que recogieran —otra vez— historias atravesadas por la misma pregunta: ¿quiénes cuidan en Cuba cuando las instituciones fallan, cuando las familias se fracturan y cuando el agotamiento se convierte en una condición permanente?

Pero entre aquella primera temporada y hoy pasaron demasiadas cosas.

La Seguridad del Estado intensificó el acoso contra periodistas y colaboradores, y parte del equipo de Periodismo de Barrio tuvo que salir del país. Al cansancio y la precariedad se le sumaron la inseguridad y la necesidad urgente de proteger nuestras propias vidas.

Entonces, irónicamente, decidimos poner El Descanso en una pausa que sentimos, en aquel momento, como un cierre definitivo. No porque hubiera dejado de importarnos, al contrario. El podcast y su comunidad siguieron siendo un espacio de orgullo y acompañamiento para muchas de nosotras. Pero pausarlo significó también reconocer algo que el propio proyecto nos había enseñado: quienes cuidan también se cansan. Y quienes sostienen comunidades, proyectos y medios independientes también merecen ser cuidados.

Antes de detenernos, logramos terminar tres episodios que quedaron guardados en alguna carpeta segura. Quizás porque manteníamos la esperanza de volver para completar la temporada en una Cuba más amable. Pero eso no sucedió.

Y, en medio de todo eso, Yadira Álvarez, creadora y conductora del podcast, enfermó.

Yadi estuvo detrás de El Descanso desde el inicio. Fue ella quien nos dio el sí para llevar a cabo el proyecto. Sin ella no habría sido posible sostenerlo. Necesitábamos las preguntas que pensaba, su manera inigualable de acompañar procesos y, sobre todo, su forma de hablar de cuidados sin romantizarlos.

En enero de 2026, Yadi murió.

Y ahora, cinco meses después, hemos decidido volver a estos episodios.

Quizás porque los cuidados también sean eso: insistir y negarnos a perder aquello que alguna vez nos ayudó a sentirnos acompañados. Porque estas historias siguen hablando del país que somos hoy. Porque las familias separadas por la migración continúan intentando cuidarse a distancia. Porque el acoso escolar sigue marcando vidas. Porque los proyectos comunitarios continúan llenando vacíos que deberían estar cubiertos o protegidos por las instituciones. Porque el cansancio no desapareció. Porque seguimos necesitando hablar de cuidados.

Volver a El Descanso es, entonces, una manera de acompañar la memoria de Yadi y de negarnos a que su trabajo —y su forma de mirar a los otros— quede suspendido en una carpeta olvidada. Es reconocer que, entre que fueron grabados y hoy, Cuba cambió mucho. Y, al mismo tiempo, muy poco.

La entrada Volver a El Descanso se publicó primero en Periodismo de Barrio.

La información recopilada confirma un escenario crítico de inseguridad alimentaria en la Isla por la reducción sostenida del consumo alimentario, la alta prevalencia de hambre, las dificultades persistentes de abastecimiento, la pérdida de poder adquisitivo en los hogares y el deterioro acelerado de los servicios básicos.

Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para comprender cómo la seguridad alimentaria en Cuba ha cambiado drásticamente desde que se realizara la primera encuesta en 2022.

¿Cuál es el nivel de acceso a los alimentos?

El acceso mide la posibilidad real que tienen las personas de obtener los alimentos que necesitan. Para 2025, el 44,45% de los encuestados señalaba haber experimentado una pérdida considerable de acceso a los alimentos, el 47,79% respondía que su acceso se había visto poco limitado, el 5,07% mantenía el mismo nivel de acceso y el 2,7% indicaba haber perdido todo el acceso.

La mayor pérdida se observó en las provincias de Sancti Spíritus, Granma y Matanzas, mientras que el acceso poco limitado predominó en Artemisa, Mayabeque, Isla de la Juventud y La Habana. La pérdida total de acceso tuvo mayor incidencia en Guantánamo y Las Tunas, que fueron las únicas provincias que superaron el 10% en este indicador.

Sin embargo, al comparar con los años anteriores, la mayor percepción de pérdida considerable de acceso se experimentó en 2024, con 60,68% de encuestados en esa categoría y los datos obtenidos en 2025 representan una reducción con respecto a ese año y a 2023.

Pérdida de acceso a alimentos entre 2022 y 2025 (en porcentaje de respuestas por categoría del total de encuestados). Fuente: Elaboración propia con datos de Food Monitor Program.

De igual forma, en 2025 aumentó la cantidad de personas que mantuvieron el mismo acceso que antes y la pérdida total de acceso representó una reducción. A su vez, el acceso poco limitado ascendió en comparación con 2023 y 2024, pero se redujo con respecto al 2022.

También, ha habido un incremento sostenido en el número de cubanos que afirmaron haberse ido a dormir al menos una vez en los últimos 30 días previos a la encuesta sin ingerir algún alimento por no poder conseguirlo. En 2023, el 18,7% de los encuestados respondieron afirmativamente a esa pregunta; en 2024 la cifra ascendió a 24,6% y en 2025 a 33,89%.

Al mismo tiempo, el 55,48% de los participantes reportó haber tenido que modificar su dieta por la carencia de productos específicos en 2025, frente al 52% que lo mencionó en 2022.

Por su parte, la mayoría de los encuestados en 2025 (79,81% del total) coincidió en que las personas con acceso a divisas o aquellas que ocupan cargos dentro del gobierno poseen mejor acceso a los alimentos.

En cuanto a las opciones alternativas de compra de alimentos cuando estos no están disponibles en los establecimientos estatales, la mayor parte de los encuestados emplea una combinación de compras en el mercado informal y en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), seguido por compras solo en las mipymes, y una combinación de estas últimas con las compras online y en el mercado informal.

¿Cuánto cuesta alimentarse en Cuba?

Los cubanos enfrentan una alta vulnerabilidad alimenticia que no está dada, solamente, por la posibilidad de encontrar los alimentos que necesitan consumir, sino también por sus elevados costos. Casi la mitad de las familias que participaron en la encuesta destinaba más de 10.000 pesos cubanos (CUP) mensuales para adquirir alimentos básicos.

El 40,53% de los encuestados en 2025 empleaba hasta el 100% de sus ingresos mensuales para comprar comida, lo cual representa un incremento del 8.53% con respecto a 2022.

Ingresos mensuales destinados para adquirir alimentos (en porcentaje de respuestas por categoría del total de encuestados). Fuente: Elaboración propia con datos de Food Monitor Program.

De igual forma, el 90% de los encuestados expresó su preocupación ante la insuficiencia de sus ingresos para llegar a fin de mes, y el 78,07% afirmó que la crisis actual supera en intensidad y afectación al Periodo Especial de la década de 1990.

¿Cómo se cocina en Cuba?

Las interrupciones prologandas en el servicio eléctrico de la Isla por el déficit de generación y el desabastecimiento de combustible incrementan la vulnerabilidad del 54,73% de los hogares que emplean la electricidad para cocinar. A su vez, el 24,17% que utiliza gas de balita también enfrenta dificultades para adquirirlo. El 21,1% restante emplea gas por tubería (11,39%), carbón (6,03%) y leña (3,68%).

En este contexto, el 80,39% de los encuestados confirmó haber sufrido afectaciones en la cocción de los alimentos debido a cortes de electricidad en los seis meses anteriores a la realización de la encuesta, con Matanzas, Granma, Sancti Spíritus, Guantánamo, Pinar del Río, Ciego de Ávila y Mayabeque como las provincias más afectadas.

Asimismo, el 48,28% afirmó que sus alimentos se echaron a perder dentro de los refrigeradores como consecuencia de los cortes en el suministro eléctrico. Igualmente, el 86% de los encuestados señaló haber sentido preocupación de que sus alimentos se deterioren por la falta de refrigeración y el 68,74% mencionó haber sufrido afectaciones en su vida diaria por la ausencia de servicios públicos. De igual forma, el 88,40% precisó que su rutina diaria se organiza de acuerdo a los horarios de disponibilidad de los servicios o a los momentos de distribución de los alimentos.

Ante la falta de electricidad para cocinar los alimentos, la mayoría de los encuestados recurre al uso de la leña o carbón, seguido del consumo de alimentos fríos y de solicitar apoyo a familiares o vecinos, mientras que un menor grupo termina por no comer.

¿Qué comida consumen los cubanos?

Uno de los puntos evaluados por la encuesta fue la frecuencia con la que las personas consumen lácteos, frutas, vegetales, carnes, hortalizas y leguminosas.

Los cárnicos se definen como el grupo alimenticio más consumido por la mayoría de los encuestados, con entre 3 y 4 veces a la semana, mientras que las frutas, leguminosas, hortalizas y vegetales son consumidos entre 1 y 2 veces a la semana. Los lácteos, por el contrario, son los menos consumidos, con un 35,07% de los encuestados que afirman que nunca los consumen.

Frecuencia de consumo semanal por grupos de alimentos (en porcentaje de respuestas por categoría del total de encuestados). Fuente: Elaboración propia con datos de Food Monitor Program.

Si bien el consumo de cárnicos mantuvo la misma frecuencia en 2025 que en la encuesta realizada en 2022, en ese año la mayoría de los participantes mencionaron consumir leguminosas, hortalizas y vegetales tres o más veces a la semana y los lácteos una vez a la semana, lo cual muestra una reducción en la frecuencia de consumo de este tipo de alimentos de 2022 a 2025. La categoría de frutas no fue incluida en ninguna de las encuestas anteriores y este es el primer año que se incorpora en el documento.

A su vez, a pesar de que los cárnicos son los productos que con más frecuencia se consumen, también fueron señalados como los más escasos o difíciles de conseguir por un 22,2% de los encuestados; seguidos por la leche, con un 18,5%; los huevos, con un 11,5%; el arroz, con un 9,9%; y el cerdo, con un 7,4%. Otros productos mencionados fueron pollo, azúcar, pescado, papa, yogurt, pan y aceite.

En cuanto al tiempo destinado para conseguir alimentos, el 14,07% afirmó dedicar más de 15 horas semanales; el 21,24% entre 10 y 15 horas; el 39,5 % entre 5 y 10 horas y el 25,19% entre 1 y 5 horas.

¿Cuál es la percepción de las acciones que realiza el gobierno para resolver la crisis alimentaria?

De acuerdo con el 60,35% de los participantes, el gobierno no posee la voluntad para enfrentar el problema y las acciones que ha adoptado han contribuido a agravarlo, mientras que el 37,34% reconoce que se han realizado esfuerzos que no han tenido resultados significativos y solo el 2,31% cree que las medidas implementadas han sido exitosas.

De igual forma, el 79,75% señala la deficiente administración estatal como la causa principal del desabastecimiento existente; seguido por el acaparamiento y la corrupción del sector no estatal y el embargo estadounidense.

Con respecto a la encuesta de 2024, la percepción de que la responsabilidad de la crisis alimentaria en la Isla era de la gestión del gobierno aumentó en un 18% en 2025, la relacionada con el sector no estatal se redujo en un 15% y la del embargo disminuyó en un 1,31%.

Al mismo tiempo, el 82,29% de los encuestados manifestaron su preocupación por que el gobierno implementara nuevas medidas que incrementen las dificultades de la población para acceder a los alimentos.

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El cierre, sin embargo, no implica la desaparición del trabajo de acompañamiento ni de la Línea de Apoyo que mantiene la organización, sino la detención de la labor sistemática de observación y registro, una de las piezas más complejas y exigentes de su actividad.

Periodismo de Barrio conversó con integrantes de la plataforma sobre la noticia, que circuló a través de sus canales habituales y que no solo representa la pérdida de una fuente de datos confiables, sino el silenciamiento de una voz convertida en referente de credibilidad para la sociedad civil dentro y fuera de la isla. Las activistas, que accedieron a responder en detalle sobre las causas y consecuencias de esta decisión, describieron el contexto actual como uno de “represión, censura y crisis humanitaria” que ha hecho insostenible su trabajo de documentación.

Captura de pantalla de la publicación en la que el colectivo de YoSiTeCreo Cuba anuncia el cierre de su Observatorio de Feminicidios.

“La insostenibilidad del observatorio databa de mucho antes, lo que aceleró el desgaste de las pocas personas a cargo hasta el cierre”, explicaron, despejando las dudas sobre si se trató de un cierre repentino. Aclararon que, no sin antes buscar otras opciones, fue una decisión planificada, revisada y tomada estratégicamente para que coincidiera con la salida del Informe Anual de OGAT, en el cual siempre han participado.

El principal obstáculo para el sostenimiento del observatorio no fue tecnológico ni legal, sino profundamente humano. “Mayormente fueron [obstáculos] humanos, sobre todo de personas que resistan este trabajo, que es muy desgastante por los temas violentos y las verificaciones difíciles”, dijeron.

Las observadoras, además, enfrentan un miedo creciente: “Cada vez menos personas observan ya que hacerlo es como reportar o investigar, y la censura en Cuba está generalizada”. Dependían de “la respuesta ciudadana” y, debido al contexto nacional, las personas suelen responder poco “a pesar de que no se dan los nombres de las fuentes”, contaron. A esta presión se suman los largos apagones y la desconexión, elementos que “limitan mucho más las verificaciones” junto con una crisis humanitaria que es “una presión para todo lo que se quiera hacer en Cuba”.

La comparación entre el riguroso registro de YSTCC y las estadísticas que ofrece el Estado cubano es un ejercicio de contraste absoluto. El observatorio oficial, alojado en el portal de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), se basa exclusivamente en los “procesos judiciales resueltos en el año” por el Tribunal Supremo Popular, una metodología que presenta un sesgo crítico al contabilizar únicamente los casos que ya cuentan con una sentencia firme. En 2024, esta fuente reportó que “76 mujeres de 15 años y más fueron víctimas de asesinato por razones de género a manos de sus parejas, exparejas u otras personas, conocidas en procesos judiciales en el año 2024”. La cifra oficial detalla que, de esos casos, 55 fueron a manos de la pareja o expareja íntima, mientras que 21 mujeres murieron a manos de “otras personas diferentes”.

Sin embargo, las activistas de YSTCC califican esta respuesta institucional con una sola palabra: “desinformadora”. Según explicaron a Periodismo de Barrio, el método oficial excluye sistemáticamente los casos donde el agresor se suicida, evitando así el juicio, o aquellos donde la investigación no concluye a tiempo. De esa forma, es imposible “conocer el impacto real de la violencia feminicida”, precisan. Los casos tardan meses y hasta un año en llegar a los tribunales, lo que significa que las cifras publicadas por el gobierno siempre van con rezago y no reflejan la violencia que ocurre en tiempo real.

Por otro lado, la metodología empleada por YSTCC y OGAT es ejemplo de rigor en medio de la precariedad. “La verificación tiene que contar con un mínimo de tres fuentes distintas; además de eso se mantenía un registro vivo en constante actualización”.

Mientras el gobierno no explica ni publica su metodología de registro, YSTCC construyó la suya basada en estándares internacionales. “En el Informe Anual de OGAT de 2024 se describe la metodología que siguen los observatorios, que es una mezcla entre la clasificación del Ministerio de Igualdad de España y la consensuada entre activistas de los países latinoamericanos que integran MundoSur”.

Este abismo en la transparencia genera que el observatorio independiente detecte realidades que el Estado ignora. Por ejemplo, mientras la ONEI reporta exclusivamente víctimas de “15 años y más”, YSTCC documentó el feminicidio de Gabriela Herrera Rodríguez, de siete años, en Guanabacoa, durante el primer trimestre de 2026. Además, el observatorio oficial no especifica su definición de “razones de género”. YSTCC, en cambio, utiliza tipologías específicas como “familiar; gineco-obstétrico; íntimo; no íntimo; por crimen organizado/narcotráfico; lesbicidio; vinculados/vicarios; suicidios feminicidas; y transfemicidio”.

“Oficialmente casi nada de violencia feminicida se ha conceptualizado como tal ni [se ha] definido”, denuncian. “No podemos dialogar ni entrar en contradicción con la nada. A veces usan los términos ‘femicidio’, otras ‘feminicidio’ y otras ‘asesinatos de mujeres por motivos de género’, pero ninguno [ha sido] definido en un documento oficial”, añaden.

Pese a la superioridad metodológica, las activistas reconocen limitaciones: “La limitación que tiene el observatorio es que accede poco a sentencias, actas de defunción, informes de autopsia, [y] dispone de poco tiempo y personal para más trabajo en las bases históricas”.

Defienden, sin embargo, la fiabilidad de sus datos frente al escepticismo: “Hasta ahora directamente no hemos sido cuestionadas, de hecho hasta estudiantes de universidades cubanas, artistas, realizadores audiovisuales, nos han solicitado datos de los registros”. Y tienen un argumento contundente contra las dudas: “Existe la cifra oficial del MINSAP de cubanas fallecidas cada año por agresiones y hasta ahora los observatorios nunca han superado esa cantidad”.

Las consecuencias de este cierre son devastadoras para la visibilidad de la violencia machista. YSTCC, en colaboración con OGAT, había logrado documentar 315 feminicidios entre 2019 y diciembre de 2025 .

“Es una voz menos en el registro y la denuncia, y una voz que aportaba un enfoque desde lo asistencial y preventivo, ya que la plataforma cuenta con una Línea de Apoyo”, lamentan.

El vacío no será total, pues “sigue existiendo OGAT, que mantiene la alianza con MundoSur, y el registro que realiza [el medio de prensa] 14ymedio”. De hecho, OGAT ya ha confirmado 20 feminicidios en lo que va de 2026, incluyendo el reciente caso de Mariolis López Silio. El asesinato de esta madre en Güines, ocurrido presuntamente a manos de su expareja, dejó cuatro hijos huérfanos, sumándose a las “70 menores sin el amparo materno” que el propio gobierno reconoció en sus estadísticas oficiales de 2024 .

Cuando se les pregunta qué necesitarían para retomar el trabajo en condiciones seguras, la respuesta es tajante: “democracia en Cuba”.

Para ellas, esto implica “tener libre asociación, poder capacitar personal, establecer políticas de recursos humanos de recambio, acceder a información, poder hablar con las familias, conectarlas con la atención… Este trabajo es durísimo en cualquier parte del mundo, súmele hacerlo en las condiciones de Cuba”.

El mensaje de YSTCC para las víctimas es un llamado a no callar: “Actúe a tiempo y busque apoyo en [nuestra] Línea, evite el desenlace fatal. Y si sucedió, acuda a los formularios anónimos de OGAT, a los emails, pida ayuda en la Línea sobre cómo proceder, sobre todo con las niñas y niños huérfanos. Es seguro denunciar usando los canales de los observatorios. No deje que quede en el olvido, aporte para que a otra familia no le suceda”.

El cierre de este observatorio no solo evidencia el colapso de la sociedad civil bajo la presión de la crisis cubana, sino que deja al descubierto la complicidad estructural del silencio. La violencia feminicida, como bien lo definen ellas, está “disparada en esta crisis humanitaria”, y sin observadores independientes, muchas de esas muertes volverán a caer en la fosa común del olvido estadístico.

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“Los estudiantes son el baluarte de la libertad y su ejército más firme”.
José Martí

El 10 de abril, Abel Tablada de la Torre, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), confirmó lo que desde inicios de marzo ya había generado indignación dentro y fuera de las redes sociales: su contrato no sería renovado por el Ministerio de Educación Superior.

A pesar del reclamo de estudiantes —incluida la propia Federación Estudiantil Universitaria (FEU)— y de colegas, la decisión adquirió un carácter definitivo. Quedaba escrito en piedra: Abel Tablada no volvería a ejercer la docencia en la casa de altos estudios que no solo lo vio graduarse a mediados de los 90, sino a la cual consagró décadas de su vida.

El doctor en Ciencias Técnicas pidió que la institución hiciera públicas las razones de su separación —colegas y estudiantes merecían una respuesta—, pero, hasta la fecha, las autoridades no han emitido ningún pronunciamiento escrito. Quizás sea una de tantas respuestas que nunca lleguen.

Se presume, sin embargo, que el detonante fueron sus “publicaciones críticas” en redes. Tal vez las “tres preguntas incómodas” que dirigió a la Asamblea Nacional del Poder Popular en junio de 2025, en medio del tarifazo de Etecsa que desencadenó la primera huelga masiva estudiantil después del 59. O el texto titulado “La Universidad y la resiliencia”, publicado en febrero de este año al encontrarse una universidad sin electricidad, como la mayoría de las casas cubanas.

“La resiliencia es admirable para mantener un sistema educativo (…). Gracias a esa resiliencia se han graduado cientos de arquitectos e ingenieros en la CUJAE y otros miles en todo el país. Es una proeza. Pero la resiliencia en exceso se puede convertir en asumir como normal condiciones que no deberían prolongarse tanto en el tiempo”, escribió Tablada.

“Discriminación política”, tose alguien en la audiencia después de darse a conocer la decisión punitiva del Ministerio de Educación Superior (MES). No sería la primera vez, quizás ni siquiera la última.

Tampoco debería sorprender. Si la censura y la exclusión han sido herramientas históricas de la dirección del PCC para imponer un orden social, ¿por qué habría de ser distinta esa lógica dentro de las casas de altos estudios?

Hoy es un día cualquiera de abril y hace casi quince horas que, en alguna casa —en varias casas— de la Isla, la luz se ha vuelto un inquilino intermitente. Tampoco habita con regularidad los pasillos universitarios. Si hay un país que cruje, ¿por qué no habrían de crujir también las universidades que lo sostienen? Porque, compañeros y compañeras, las universidades son microensayos de la sociedad.

Las universidades no son solo campos de estudio, sino también campos de batalla. Un espacio donde se configuran y disputan formas de organización, conflicto y futuro —como diría el pedagogo brasileño y simpatizante del castrismo, Paulo Freire.

Vista de un costado exterior de la Universidad de La Habana.

El domingo 8 de marzo, cuando se cumplía el segundo día consecutivo de protestas —vecinos de varios municipios de la capital ocupaban el espacio público golpeando ollas y sartenes por “una luz” que no terminaba de llegar—, Mario vio en el estado de WhatsApp de un amigo la convocatoria a una sentada pacífica, prevista para las 10:00 a.m. del lunes en la escalinata de la Universidad de La Habana.

Esa misma noche se abriría en WhatsApp el canal Acción Reforma Universitaria.

Ya había pasado un mes desde la conferencia de prensa de Miguel Díaz-Canel, en la que se abordaron de manera general las medidas de contingencia tras la paralización del envío de petróleo a la isla, a raíz de la Orden Ejecutiva 14380 firmada por Donald Trump, que declaraba a Cuba una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

La Universidad de La Habana, como otras —bajo orientaciones del MES—, anunciaron la extensión de la modalidad semipresencial, el uso de plataformas digitales para gestionar y acceder a materiales docentes y científicos, y el regreso a sus provincias a los  estudiantes procedentes de fuera de la capital. Las acciones de contingencia debían durar solo un mes. Pero no fue así, no podía serlo.

Con el paso de los días, esa promesa empezó a disolverse en la práctica: audioconferencias —clases impartidas solo por voz—, profesores sin electricidad o conexión para responder, reiteradas caídas de plataformas saturadas por la sobrecarga y la inestabilidad técnica. De acuerdo con reportes del diario El País, el punto de quiebre llegó con la convocatoria masiva de la FEU, que instó a estudiantes imposibilitados de asistir a clases a cubrir necesidades de las autoridades locales como recoger la basura, limpiar hospitales o incluso impartir clases en escuelas primarias.

Mario fue el segundo en llegar a la escalinata el 9 de marzo.

“Poco a poco empezó a llegar más gente y, cuando ya éramos como 15 o 20, comenzaron a aparecer más miembros de la directiva. Era algo curioso porque, según me decían, es muy raro ver a toda la dirección junta, y ese día estaban todos ahí. Mientras más estudiantes llegaban, más altos cargos iban saliendo”, relata. “En menos de una hora apareció también mucha prensa internacional, muchísima”.

Recuerda que hubo quienes no pudieron llegar al punto de encuentro porque la Seguridad del Estado “no los dejó”. Pasadas las 10:00 a.m. ya habían cerrado calles aledañas y bloqueado los accesos a la universidad. A algunos estudiantes que ya estaban dentro de la Colina tampoco les permitieron salir para unirse; a otros se les retuvo y se les sustrajeron las identificaciones.

“Aun así, llegamos a ser como 30 personas”, agrega.

Las demandas del estudiantado se centraban en el plano académico: la incertidumbre del modelo semipresencial, los costos de la conectividad y los llamados trabajos sociales como sustitutos del tiempo universitario. Pero también incluían duras objeciones al accionar de los cuadros y dirigentes de la FEU que dicen representarlos.

“Uno de los puntos más fuertes fue el tema de la FEU dentro de la facultad. Se cuestionó mucho a sus dirigentes, su cercanía con la administración y se pidió directamente su remoción”, señala Mario.

En un momento de la sentada irrumpió el viceministro de Educación Superior, Modesto Ricardo Gómez, y la situación se tensó. Comenzaron a presionar a los estudiantes para que abandonaran la escalinata, pero nadie accedió. No fue hasta la llegada del ministro Walter Baluja que el estudiantado y la dirección se trasladaron a un aula para conversar. Se puso todo sobre la mesa.

“Salió mucho el tema de la falta de información y, en general, de decisiones que se quedan a nivel institucional y no bajan a los alumnos”, dice Mario.

Al día siguiente comenzó a circular un comunicado bajo la firma de Acción Reforma Universitaria (ARU) con un plan de acción para continuar el proceso iniciado el día anterior, en el que se dejaba clara la no pertenencia de la agrupación a ninguna organización o entidad política, nacional o extranjera.

“No respondemos a ningún interés que a los del estudiantado universitario, del que formamos parte. No aceptamos, por tanto, el secuestro de nuestra voz y opinión por parte de ninguna institución o individuo” (sic).

Las demandas, enumeradas, apuntaban a un proceso de reforma y democratización de la FEU —“ya que ha fallado en su objetivo fundacional de representar los intereses de los estudiantes”—, con un nuevo modelo electoral en el que los candidatos dejen claro el papel que desean desempeñar y los problemas que buscan resolver; un relevamiento exhaustivo y transparente en cada universidad del país para conocer la situación real del estudiantado —datos precisos sobre disponibilidad de recursos tecnológicos (dispositivos y conectividad), acceso a la energía eléctrica en los hogares y distancias que muchos alumnos, especialmente deben recorrer— para evaluar si existen condiciones mínimas para sostener la semipresencialidad; el cese de los hostigamientos y sabotajes a ARU; y la reapertura del diálogo en torno a las medidas aprobadas unilateralmente por Etecsa en 2025.

“La solución de permitir a los estudiantes comprar un paquete de datos sectorial adicional fue en su momento insuficiente y hoy insignificante ante las duras condiciones en las que se encuentra el país”, sentenciaban.

El último mensaje de ARU en el canal de WhatsApp data del 26 de marzo, en el que se convoca a un debate abierto.

Vista frontal de la entrada de la Universidad de La Habana.

La generación universitaria del apagón ha resultado especialmente incómoda para el poder político, quizá más que las anteriores que, con sus propias coordenadas espacio-temporales, siempre lo fueron de una u otra forma. La generación de los blogs, de las redes, de las memorias flash, de los pasaportes… Pero la generación de las penumbras, heredera tardía del Período Especial (sin haber nacido necesariamente en la década de los 90), ha sido capaz de hacer algo que las nuestras, sus antecesoras, no lograron por distintos motivos: disputar su representación. Organizan, cuestionan, negocian, se exponen. Y en ese movimiento tensionan una estructura que históricamente ha absorbido o neutralizado el conflicto.

En mayo de 2025, Etecsa impuso recargas a su saldo principal hasta un máximo de 360 CUP (equivalentes a 6GB) en un período de 30 días; después, los usuarios tendrían que pagar en dólares. En un país donde el salario mínimo no supera los 2.100 pesos, la medida fue justificada por el propio Díaz-Canel ante el inminente riesgo de un “colapso tecnológico”.

El “tarifazo” del monopolio de las telecomunicaciones, asociado además a la vigilancia y la censura estatal, desencadenó un malestar entre el estudiantado universitario que se tradujo en asambleas públicas y que mutó en un paro estudiantil, donde no solo se disputaba el acceso a la información dentro de las aulas, sino el del pueblo como colectividad mayor y como sujeto político activo. Aquí, el antagonista no era solo Etecsa, sino el Estado.

Una veintena de facultades en todo el país exigieron la derogación de la medida, la destitución del presidente nacional de la FEU y la renuncia de decanos y rectores; algunas incluso llamaron a emprender acciones legales contra Etecsa.

El paro finalizó casi una semana después en el mismo sitio donde se inició, a principios de junio: la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, tras reuniones con el ministro de Educación Superior, la creación de mesas de diálogo para proponer alternativas a las medidas de Etecsa y una votación de 172 a 82 votos entre estudiantes en huelga.

La efectividad de las protestas y el alcance de sus objetivos, a casi un año del estallido, siguen en tela de juicio. Pero lo cierto es que la irrupción del estudiantado —junto a los docentes que acompañaron— ya forma parte de la historia de las luchas en un país que parecía derrotado por el cansancio y el hastío.

“Ante las amenazas, [los estudiantes] están defendiendo el derecho a la protesta; ante el ‘paternalismo’ de Estado (siempre una forma de autoritarismo), que los llama, como siempre, ‘confundidos’ e ‘incitados desde el exterior’, han producido algunos de los documentos políticos más importantes de Cuba en las últimas décadas”, declaró en su momento el ensayista Julio César Guanche.

***

Los universitarios cubanos nunca estuvieron confundidos. Ni los de ahora ni los de antes. Julio Antonio Mella comprendió el poder del estudiantado desde el inicio.

Fundador de la Federación de Estudiantes Universitarios, hijo bastardo, modelo de Tina Modotti y simpatizante del trotskismo, Mella entendió la universidad como un laboratorio político. Por eso impulsó la Reforma Universitaria durante la década de 1920, defendiendo una autonomía total —administrativa, económica y política— como condición para la independencia de la educación frente al poder. Para él, la universidad no debía ser una simple fábrica de títulos, sino una palanca de transformación social en clave popular. Y la historia le ha dado la razón.

El Mayo Francés (1968) comenzó con la protesta de más de mil estudiantes en Nanterre. Como efecto dominó, las movilizaciones crecieron hasta alcanzar una magnitud imprevista, obligando al gobierno de Charles de Gaulle a convocar elecciones anticipadas. En octubre de 2019 fueron los estudiantes quienes desencadenaron y protagonizaron el estallido social en Chile, tras el alza en la tarifa del sistema de transporte público de Santiago, la capital.

En 1926, Mella fue expulsado del Partido Comunista —partido que él mismo había fundado— por realizar una huelga de hambre sin autorización. Casi un siglo después, su rostro fue retirado de la Manzana de Gómez para levantar allí el primer gran hotel de lujo de Cuba —de verdad—: el Hotel Kempinski, de estilo europeo, casi parisino, destinado a visitantes nacidos en la cuna del imperialismo.

La metáfora no necesita explicación. La autonomía universitaria tampoco: está tan ausente del sistema educacional cubano como la estatua misma del dirigente.

Efectiva o no, según el observador y el analista de turno, lo cierto es que el paro de 2025, como movimiento orgánico, ocurrió. La reciente sentada en la escalinata, también. Y, en medio de un país sin luz, las universidades —incluso con aulas vacías— vuelven a funcionar, una vez más, como laboratorio político. Por primera vez en mucho tiempo, la chispa —posible catalizador— está presente.

¿Serán los estudiantes quienes comiencen a desmontar las estructuras a su alcance más inmediato y a disputar, desde ahí, las formas de representación que durante décadas les fueron ajenas?

Suena la canción de Osvaldo Farrés. Quizás, quizás, quizás.

“Es hora, desde hace rato, de pensar entre todos qué universidad y, sobre todo, qué país queremos, porque la verdad más incómoda, la que las autoridades no quieren escuchar, es que hay una variedad inmensa de formas de ver la realidad y el futuro, una variedad inmensa de anhelos y de posicionamientos políticos”, escribió en febrero Abel Tablada de la Torre.

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Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para comprender el alcance de la nueva ley, los requisitos que establece y los beneficios que se derivan de ella.

¿Por qué se aprueba la ley?

El documento señala que la nueva legislación parte de la necesidad de adaptar la política migratoria española al contexto internacional actual de incremento de la movilidad humana, impulsada por el cambio climático y la inestabilidad de muchos países con conflictos bélicos, crisis políticas e institucionales y desigualdades económicas.

Asimismo, la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo en junio de este año y el reconocimiento de que la búsqueda de oportunidades y de una vida mejor es una realidad que continuará en los próximos años, requieren la actualización de las reformas previas en materia migratoria para permitir la integración plena de los extranjeros que se encuentran en el país de forma prolongada y que, por causas ajenas a su voluntad, no pueden adquirir una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales.

De igual forma, el acceso a esta autorización fortalece la Seguridad Social, mejora la recaudación tributaria, contribuye a un mercado laboral más transparente y eficiente y permite garantizar el ejercicio efectivo de derechos y prevenir situaciones de explotación laboral. Además, equilibra la relación entre cotizantes y pensionistas y cubre necesidades de sectores productivos con dificultades de contratación ante el envejecimiento poblacional acelerado del país que compromete la disponibilidad futura de trabajadores y la sostenibilidad del sistema de bienestar.

Del mismo modo, la reforma reconoce la aportación cultural y social de estas personas, cuya diversidad de orígenes, lenguas y tradiciones enriquece la vida comunitaria, refuerza la cohesión social y proyecta una imagen de país plural y dinámico.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, España requiere la llegada de entre 200.000 y 250.000 migrantes al año para mantener el Estado del Bienestar actual. Para fines de 2025, el 14,1% de los afiliados a la Seguridad Social eran extranjeros, quienes habían contribuido al crecimiento económico, el consumo y la inversión en el país.

¿Qué estipula el nuevo decreto?

El decreto modifica varios preceptos del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 e incorpora disposiciones adicionales, las cuales permiten dos nuevas autorizaciones temporales de estancia por circunstancias excepcionales. La primera se encuentra dirigida a los solicitantes de asilo o protección internacional, cuyos casos o recursos no hayan sido resueltos; mientras que la segunda se enfoca en las personas extranjeras que estaban en el país antes del 1 de enero de 2026, quienes deben demostrar haber trabajado o acreditar intención de trabajar; convivir con hijos o hijas menores de edad o personas con discapacidad que requieran de apoyo; poseer un vínculo familiar directo en España; o hallarse en situación de vulnerabilidad acreditada por entidades competentes.

También, se estipula que las personas podrán trabajar y residir en el territorio nacional durante el procesamiento de la solicitud, la cual cuenta con un plazo máximo de tres meses para su resolución. Sin embargo, el documento señala que no será posible solicitar estas autorizaciones si la persona ya es titular de otra autorización de estancia o de residencia.

Con el fin de agilizar el proceso, se autoriza al grupo Empresa de Transformación Agraria, SA, S.M.E., M.P., (TRAGSA), a su filial Sociedad Estatal de Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) y al personal de Correos a brindar apoyo administrativo en la recepción y gestión de solicitudes documentales.

¿Cuántas personas en situación irregular se encuentran en España?

De acuerdo con un informe del centro de análisis Funcas, para el 1 de enero de 2025 la cifra de extranjeros residentes en el país con situación administrativa irregular podría haber alcanzado las 840.000 personas, lo cual representaba el 17,2% del total de migrantes procedentes de naciones no pertenecientes a la Unión Europea (UE). Estos datos muestran un crecimiento sostenido de la migración irregular, pues en 2017 solo el 4,2% de los migrantes de países no pertenecientes a la UE no se encontraban regularizados.

En el caso de los cubanos, Funcas estima una población de 88.367 personas, de las cuales 72.270 poseían residencia legal o se encontraban en proceso de obtenerla.

Foto: Tomada del perfil de Facebook del de Sintrahocu.

¿Cómo se puede aplicar?

Para acceder a la regularización, los solicitantes deben ser mayores de edad y encontrarse en España al momento de realizar la solicitud; no poseer una autorización vigente de estancia o residencia; haber permanecido en España de forma ininterrumpida durante los cinco meses anteriores al momento de presentar la solicitud; carecer de antecedentes penales; no presentar una amenaza para el orden, seguridad o salud pública; no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España haya firmado un convenio en tal sentido y no encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno a España.

Además, el solicitante debe demostrar al menos uno de los siguientes requisitos:

• Haber trabajado durante su permanencia en España o acreditar la intención de trabajar por cuenta ajena, mediante la presentación de una oferta de trabajo, o por cuenta propia, a través de la presentación de una declaración responsable con el modelo específico. La suma del contrato o los contratos debe tener una duración superior a noventa días en el periodo de un año.
• Permanecer en España en compañía de su familia, compuesta por hijas e hijos menores de edad, o mayores de edad que tengan una discapacidad que requiera de apoyo o que no sean objetivamente capaces de cubrir sus propias necesidades debido a su estado de salud, o ascendientes de primer grado con los que convivan.
• Encontrarse en situación de vulnerabilidad, acreditada por las entidades competentes en materia de asistencia social o por las entidades del Tercer Sector inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería.

Asimismo, se tiene que presentar copia completa del pasaporte, cédula de inscripción o título de viaje reconocido como válido en España, en vigor o caducados; la solicitud oficial y abonar la tasa de tramitación de la autorización.

La permanencia en el país durante los cinco meses anteriores a la presentación de la solicitud podrá probarse a través de empadronamientos, contratos de alquiler, billetes nominativos, certificados de estudios o movimientos bancarios.

En el caso de los antecedentes penales, estos deben cubrir los cinco años previos al ingreso a España y ser emitidos por el país o países donde se vivió en ese período. Para obtenerlos, los solicitantes cuentan con el plazo de un mes y, si no lo logran, tienen la opción de pedirle al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes español que los solicite por vía diplomática.

Si se opta por esta alternativa, el proceso queda suspendido por tres meses a la espera de recibir los documentos y el solicitante deberá presentar el justificante de que solicitó sus antecedentes, una declaración responsable de que no los ha recibido en un mes y una autorización, conforme a un modelo específico, para que las autoridades españolas recaben esta información.

Sin embargo, si al transcurrir los tres meses no se han recibido, el interesado tendrá 15 días para intentarlo por sí mismo y si no lo logra no podrá entrar al proceso.

Las solicitudes comenzaron a recibirse por vía telemática el jueves 16 de abril y ese mismo día abrió el sistema de cita previa para quienes deseen realizar el proceso de manera presencial, el cual inició el lunes 20 de abril. El plazo para la recepción de solicitudes concluirá el 30 de junio.

Estas deben presentarse a través de la Plataforma Mercurio si se desea iniciar el trámite online o presentarse en algunas de las oficinas habilitadas para la recepción y gestión de documentos con previa cita si se prefiere hacerlo de forma presencial. La cita puede realizarse a través de este enlace o por llamada telefónica al 060.

Si tienes dudas sobre si cumples o no los requisitos, puedes verificarlo en este simulador del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Desde el inicio del proceso, los solicitantes podrán residir y trabajar en el país durante el periodo de resolución del trámite. Si la autorización es emitida, además de mantener estos dos beneficios, también obtendrán un número de afiliación a la Seguridad Social y tarjeta sanitaria del territorio donde residen.

Si bien la autorización es válida por un año, posteriormente los beneficiarios podrán acogerse a las otras vías establecidas en el reglamento de extranjería para mantener su regularización.

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