La quietud aplasta en estos sitios. Pareciera que la gente se limita a vegetar junto a las maquinarias que acumulan el óxido de lo que no se emplea. El tiempo flota a la misma velocidad con que se descomponen los desechos de toda una ciudad a pocos metros de distancia. Si no fuera por los camiones que suben una y otra vez hasta la cima del Bote de 100, este podría parecer un sitio muerto. También podría suponerse que el negocio de la basura no interesa allí. Pero cerca de tres millones de dólares en inversiones desmienten esa idea; o, al menos, parte de ella.

En 2008, Cuba firmó un acuerdo de cooperación internacional para la instalación de dos estaciones en las inmediaciones del Bote, una dedicada a la quema de gases contaminantes y otra a la producción de energía eléctrica a partir de la obtención de biogás. Aunque con sistemas y modelos de gestión diferentes, ambas compartían un objetivo: aprovechar una parte de las 3.000 toneladas de basura diaria que producía la capital.

Ocho años después de su puesta en marcha, ninguna de las dos instalaciones está activa.

La planta de Biogás y Compost, el primer biodigestor a gran escala en el país, diseñado para procesar entre 70 y 80 m3 de material orgánico diariamente, está ociosa desde hace meses. El proyecto de Desgasificación y Relleno Sanitario de la Calle 100 paralizó sus trabajos en septiembre de 2011.Sin embargo, el 80 por ciento de los residuos sólidos de La Habana continúan llegando invariablemente hasta el vertedero a cielo abierto más grande de Cuba: 2.400 toneladas de basura alimentan cada día un monstruo de 104 hectáreas y 25 metros de altura.

Esta no es una montaña natural, aunque la vegetación que crece en sus laderas le funciona como camuflaje. Basura sobre basura. Tierra para cubrirla. Más basura hasta completar un hojaldre a base de desechos. Capas de residuos prensados por el tiempo y la maquinaria conforman el suelo en el Bote. Compactados, descompuestos, enterrados y olvidados, cerca de 26 millones de metros cúbicos de desperdicio han terminado por formar una mole imponente.

A medida que se sube por los trillos que surcan el vertedero, uno va aprendiendo cosas. Primero, que la falda del Bote de 100 no huele como el basurero gigante que es. Segundo, que allá no se camina sobre tierra firme. La hierba no permite ver lo que se pisa. Pero, cuando se planta el pie, el suelo cruje, cede, crepita como si se aplastaran los caracoles calcinados por el sol a la orilla del mar.

No todo el Bote es un basurero activo. Está la parte “muerta”, donde la naturaleza reclamó lo que es suyo y nacieron flores violetas y un césped muy fino sobre la inmundicia. Allí están los pozos, las trincheras y los trillos, trazados informales hechos con el ir y venir constante de quienes viven de la basura ajena. Este es el mejor mapa para entender la vida del lugar. Por ellos salen desperdigados los buzos en las raras ocasiones en las que se llama a la policía. Por ellos regresan cada día a hurgar en el desperdicio de La Habana y de su gente.

Bajo esos caminos rústicos laten en el vertedero millones de metros cúbicos de gas, resultante de la descomposición anaeróbica de los residuos sólidos y con altos componentes de metano, que lo hacen altamente contaminante y una excelente fuente de combustible.

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Al borde del vertedero, entre la basura y la línea del tren que llega hasta la zona especial de desarrollo de El Mariel, está ubicado el Proyecto de Desgasificación y Relleno Sanitario de la Calle 100. Su historia es la del comercio de bonos de carbono, la historia de un producto ficticio, de la especulación bursátil, de compraventa y apuestas financieras.

Sin conocer el trasfondo económico sería imposible entender por qué el 18 de septiembre de 2011 –Torres recuerda la fecha exacta– la planta dejó de realizar su trabajo habitual aunque todos los indicadores técnicos marchaban sin contratiempos.

En 1998 se firmó el Protocolo de Kioto como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés), que recogió el compromiso para la reducción de la emisión de gases contaminantes a la capa de ozono. Los países firmantes quedaron divididos en dos grandes grupos: aquellos con cifras comprometidas de reducción de emisiones –Anexo I–, y otros como Cuba, sin obligaciones debido a su escaso desarrollo tecnológico.

El primer segmento, en el cual se incluyen las potencias industriales del Primer Mundo, debía ser el motor impulsor de los cambios. Sin embargo, ello supondría inversiones millonarias en sus industrias para transformar la tecnología existente y convertirla en una menos agresiva hacia el medio ambiente.

En Kioto, junto al compromiso internacional, también se incluyó una salida trasera. En las secciones uno y tres del Artículo 6, quedó establecido que “toda Parte incluida en el anexo I podrá transferir a cualquiera otra de esas Partes, o adquirir de ella, las unidades de reducción de emisiones resultantes de proyectos encaminados a reducir las emisiones”. Además, el mismo acápite validó la entrada al negocio de los actores privados, al reconocer la posibilidad de que “personas jurídicas […] participen, bajo la responsabilidad de esa Parte, en acciones conducentes a la generación, transferencia o adquisición en virtud de este artículo de unidades de reducción de emisiones”.

Más adelante, en el Artículo 12, se redondeaba el procedimiento al explicitar en el tercer punto que “en el marco del mecanismo para un desarrollo limpio: a) Las Partes no incluidas en el anexo I se beneficiarán de las actividades de proyectos que tengan por resultado reducciones certificadas de las emisiones; y b) Las Partes incluidas en el anexo I podrán utilizar las reducciones certificadas de emisiones resultantes de esas actividades de proyectos para contribuir al cumplimiento de una parte de sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones”. O lo que es lo mismo, se establecía la posibilidad de aprovechar las reducciones realizadas en otros países.

Nacía así el comercio de bonos de carbono, amparado en un acuerdo que intentaba canalizar el compromiso medioambiental en el planeta.

Los Certificados de Emisiones Reducidas (CERs) son uno de los tipos de bonos de carbono que existen. Una de las formas más comunes de obtenerlos es a partir de la implementación de proyectos para la ejecución de mecanismos de desarrollo limpio (MDL). Para conseguirlos debe realizarse la inscripción de tales proyectos ante la UNFCCC y la correspondiente medición de la reducción de gases obtenida a través de los MDL, su impacto económico, social y ambiental. Luego estos datos se incluyen en el Documento de Diseño del Proyecto (PDD) y son presentados para su certificación.

Avalados por las Naciones Unidas, los CERs tienen carácter comercializable y valor variable. Existen dos tipos de mercados: el de Conformidad o Regulado, que es oficial y está bajo la égida de la UNFCCC; y los Voluntarios, creados por individuos particulares, empresas privadas o instituciones públicas. Los CERs son, en esencia, un mecanismo de incentivo económico para las empresas devenido en negocio; un mecanismo que se compra y se vende en la Bolsa de Valores.

Según Abel Castaño Spengler, Coordinador Nacional de Proyectos de Desgasificación, “en este escenario surgen un grupo de empresas, sobre todo en Europa, que empiezan desarrollar este tipo de proyecto en países signatarios del Protocolo que no contraen obligaciones en cuanto a cifras de reducción. Cuando los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) se ponen en marcha, la UNFCCC certifica la reducción y expide un bono a la empresa y al país. Pero como no hay una cifra comprometida, ese bono es comercializable. Entonces los países capitalistas comenzaron a comprarlos y así cumplían con sus compromisos, pero no hacían nada en sus territorios”.

Para acceder a los CERs los proyectos de reducción de emisiones deben estar homologados por la UNFCCC y su grupo de expertos, además de cumplir con las regulaciones legales del país en el que estén enclavados.

En ese contexto comenzó a funcionar en Cuba el proyecto de desgasificación en el vertedero de la calle 100, con el propósito de reducir 474.045 toneladas equivalentes de CO2 entre 2009 y 2018.

Su ubicación en suelo cubano no fue simple. Castaño confirma que muchos estaban en contra de su ejecución “con el argumento de que este tipo de proyecto solo facilitaba que las grandes potencias europeas no hicieran nada por cambiar su industria. Y desde ese ángulo es cierto”.

El debate llegó entonces hasta la máxima instancia gubernamental cubana, la cual autorizó al binomio franco-chileno Bionersis S.A. y Sur Continente S.A. la construcción de una planta de desgasificación en el Bote de 100, cuyo objetivo sería la extracción y quema del gas resultante de la descomposición anaeróbica de los desechos del basurero. La contraparte cubana sería la Dirección Provincial de Servicios Comunales de La Habana.

La certificación de esa quema, además de los beneficios medioambientales y de salud para los habitantes cercanos al Bote, permitiría obtener los CERs emitidos por Naciones Unidas. En 2008, cuando la planta inició sus labores, la cotización de los CERs en la Bolsa alcanzó su tope histórico: entre 25 y 26 euros. El negocio marchaba tan bien que, según cifras ofrecidas por la FAO, en ese año se comerciaron en el Mercado Regulado 119.000 millones de dólares estadounidenses (USD) y otros 704 millones USD en el Voluntario.

Entre 2008 y 2011 el mercado de los CERs sufrió una baja progresiva, con debacle en 2011, cuando el valor se desplomó hasta los 50 centavos de euro. La contraparte francesa (Bionersis S.A.) quebró y la planta, luego de haber quemado 11.409.800 m3 de gas, paralizó su trabajo.

Ante la imposibilidad de mantener la rentabilidad con la venta de los bonos, Sur Continente planteó una variante para recuperar la inversión realizada: aprovechar la quema de los gases para la generación de energía eléctrica. Así, además de los deprimidos bonos de carbono, recibirían una compensación a partir de las toneladas equivalentes de hidrocarburos que dejasen de utilizar y recaudarían fondos con la venta de la electricidad generada.

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La planta ocupa 24 de las 104 hectáreas (ha) que componen el basurero a cielo abierto más grande de Cuba. Sin desconocer el componente económico, Castaño defiende que el mayor logro de la planta es eliminar el metano, gas que conforma la mayor parte de las emisiones del vertedero, tiene una carga contaminante 22 veces mayor que la del dióxido de carbono (CO2), y que, además del daño ambiental, ocasionaba problemas de salud a las comunidades cercanas al vertedero.

“Antes de comenzar el proyecto se realizaron consultas públicas, como lo requiere su acreditación, e hicimos una investigación de las patologías más frecuentes entre los pobladores cercanos, las que más se repitieron fueron las dermatológicas y respiratorias. Y esas estaban muy por encima del nivel de las del resto de la ciudad”, dice.

En tres años la planta quemó más de 11 millones de m³ de gas.

El primer paso fue evitar que el gas resultante de la descomposición de la basura saliera a la atmósfera. Para conseguirlo, las 24 ha fueron recubiertas con una capa de 50 centímetros de arcilla muy fina que permitía el paso de la humedad ambiental e impedía el escape de los gases. Luego, sobre esa capa de arcilla se perforaron 142 pozos de 20 metros de profundidad, con el objetivo de recolectar la mezcla de gases generada por la basura sepultada. Con 20 metros de radio de acción, cada uno de los pozos incide en la recolección de los gases generados por 25.000 m³ de desechos sólidos.

Ese gas, mediante un sistema de succión, corría por los kilómetros de tuberías instaladas hasta llegar a la antorcha, un quemador instalado en la base del Bote que ardía en el entorno de los 1000 ºC para incinerar el gas extraído de las entrañas del basurero.

En total, la puesta en marcha de la planta tuvo un costo de 2.500.000 euros –aún no recuperado– y en su momento de máxima capacidad llegó a explotar 142 pozos y procesar un volumen estimado de 1.200 m³ de gas por hora. Luego las cifras disminuyeron hasta estabilizar en 900 m³, y al paralizarse los trabajos no sobrepasaban los 500 m³.

A pesar de considerarse un MDL, el proceso no es completamente limpio. Al quemar los gases extraídos de la basura se genera dióxido de carbono (CO2). Sin embargo, el metano que compone en mayor grado (40-55 por ciento) la mezcla de esos gases eliminados es 22 veces más dañino que el CO2. Por lo tanto, el impacto siempre será menor que dejar escapar el metano a la atmósfera.

En realidad, el metano es la clave del funcionamiento de la planta. Lo fue en la primera fase al constituir el componente que más toneladas equivalentes sumaba a la obtención de los CERs. Lo será una vez que se comience a generar electricidad, porque representa un excelente combustible y aporta la mayor parte del valor energético obtenido del gas.

Sin embargo, para generar electricidad a partir de la quema de gases, la planta precisa cambios de tecnología. Los estudios de prefactibilidad realizados por la empresa chilena arrojan que la inversión será superior a los dos millones de dólares.

A la pregunta de por qué no se pensó desde un inicio en esta posibilidad, Castaño explica que “fue un error, porque nos faltaba experiencia en este mundo. Si hubiésemos tenido los conocimientos desde un primer momento, se hubiese dicho a las dos empresas que en lugar de quemar el gas, lo destinaran a la generación de electricidad y aunque se hubiese caído el precio del bono de carbono, continuaban los ingresos a partir de lo que paga el país por el kilowatt-hora (kW/h) de corriente. Pero en ese momento los bonos eran un negocio redondo y no pensaron en hacer esa inversión adicional”.

Sin embargo, en el Documento de Diseño del Proyecto aparece declarado que “los posibles usos del biogás incluyen la generación de electricidad para su uso en los vertederos y/o el suministro a nivel local. La viabilidad de la generación eléctrica se revisará una vez que el proyecto está en pleno funcionamiento”.

Al paralizar sus actividades la planta contaba con los servicios de doce trabajadores. Cinco años después, solo cuatro hombres integran la plantilla del lugar, entre ellos Torres, mano derecha del administrador, José Cárdenas. Aunque desde hace cinco años la antorcha no ha vuelto a quemar metano, los pozos precisan atención. Por eso los recorridos se mantienen invariables. Unos días los hace Cárdenas; otros, Torres. En ocasiones, suben juntos.

Mientras la planta estaba activa la revisión de cada pozo para medir los niveles de gas era diaria. Entonces se cerraban unos y se abrían otros para mantener un flujo constante hacia las bombas de succión. Era un rejuego manual que tomaba poco más de tres horas y mantenía ocupado al 80 por ciento de la plantilla del lugar.

Después del cierre las prioridades han sido otras. Cárdenas y Torres saben que el próximo paso es llevar la planta a la generación de energía eléctrica y que para aumentar la vida útil del proyecto se construyen trincheras. Controlar el avance de estos trabajos se ha convertido en rutina. Después de cada medición, Cárdenas anota los datos recogidos en una agenda con fecha y hora. Es una cronología exacta, su manera de controlar la velocidad de las excavaciones.

Donde dice trincheras, imagine tres surcos en la tierra dispuestos en paralelo y con orientación Norte-Sur. Tres surcos inmensos de 100 metros de largo, por 12 de ancho y seis de profundidad; excavados en el sustrato que formó la basura acumulada por décadas en el sitio. Cada uno de ellos se transformará en el futuro cercano en un contenedor de 16.000 m³, listo para recibir residuos frescos.

Su misión es convertirse en nichos que acumularán nueva basura y esta, al descomponerse, generará gases en un proceso que podría durar entre ocho y diez años. Ese será su período de explotación. Una vez finalizado, los residuos se extraerán y se volverán a llenar con basura fresca para recomenzar el ciclo.

Lixiviado, residuo líquido altamente contaminante y resultado final de proceso de descomposición de la basura (Foto: Julio Batista)

Lixiviado, residuo líquido altamente contaminante y resultado final de proceso de descomposición de la basura (Foto: Julio Batista)

Cada una de las trincheras, explica Castaño, estará recubierta por una membrana impermeable que evitará que el lixiviado, residuo líquido altamente contaminante y resultado final de proceso de descomposición, penetre en la tierra y continúe contaminando el manto freático de la zona, como ha sucedido por años en el Bote. Una vez acumulado en la membrana, el lixiviado será extraído por un sistema de bombeo y lanzado de nuevo sobre la basura para acelerar el proceso de descomposición orgánica.

O al menos esa es la concepción.

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A trescientos metros del Proyecto de Desgasificación está el Biodigestor. Separadas por la autopista de Pinar del Río, las plantas tuvieron nacimientos divergentes. Si para la primera existieron objeciones éticas, la segunda encontró abiertos los brazos de las autoridades cubanas.

Fruto del proyecto general US/CUB/04/151, o “Transferencia de tecnologías medioambientalmente sostenibles para una gestión más limpia de los RSU en la Ciudad de La Habana”, su instalación significó el punto cumbre y también el cierre del trabajo que por cuatro años realizó la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en compañía de la Empresa Provincial de Higiene y Comunales de La Habana.

Desde abril de 2005 la ONUDI, con financiamiento de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza, comenzó a implementar las primeras acciones del proyecto entre las que destacaron la recogida selectiva de desechos, la capacitación de la población, al personal técnico y profesional, y la creación del primer Laboratorio de Análisis de Residuos Sólidos de Cuba (LARE).

La duración inicial calculada para todo el proyecto fue de 36 meses y el presupuesto quedó fijado en 4.136.430 USD. De este monto, la contraparte cubana aportaría 1.977.000 USD dedicados esencialmente a las facilidades de construcción (1.205.00 USD).

La planta de obtención de biogás entregada en julio de 2008 representó un desembolso de 585.000 USD, pagado a la empresa alemana BioEnergy Berlin GmbH, principal beneficiaria del Contrato 16001133 en el cual quedaron fijados los términos del acuerdo, incluyendo la capacitación del personal cubano que quedaría al frente de las operaciones de la planta.

Según Florentino Chacón, representante de la ONUDI en Cuba en aquel momento, esa fue una transacción “llave en mano”. Se le conoce así porque la empresa garantiza el montaje de la maquinaria, la entrega de planos, equipamiento y puesta a punto de la planta. Una vez finalizada la obra basta con encender la pequeña industria y comenzar a producir biogás, y con el biogás, energía eléctrica.

Florentino Chacón (Foto: Julio Batista)

Florentino Chacón (Foto: Julio Batista)

Sin embargo, el Biodigestor era el último paso, el eslabón final de una cadena que comenzaba en cada hogar con la clasificación de los desechos en dos grupos esenciales: orgánicos e inorgánicos. Inicialmente, el primer grupo serviría como fuente de abastecimiento del biodigestor y de la planta de compost.

Para ello, los órganos del Poder Popular en la capital cubana escogieron como muestra al consejo popular Ampliación Almendares, en Playa. Geográficamente ubicado en Miramar, entre las calles 60 y 84 y desde el mar hasta la calle 19, el barrio contaba por entonces con 25.000 habitantes y 9.000 viviendas, además de escuelas, centros de asistencia médica, mercados, hoteles y áreas verdes.

El foco de atención se centró en las familias. En octubre de 2007 fueron entregados entre los hogares de la zona un total de 10.000 pequeños contenedores verdes, en los que debían depositarse los residuos orgánicos. Esta parte funcionó bien, según la comisión evaluadora, pues la contaminación de los residuos no sobrepasó el 25 por ciento, muy por debajo de otras experiencias en diferentes países, donde al comenzar la Recogida Selectiva las impurezas rondaron entre el 35 y el 40 por ciento.

Eso sí, tal iniciativa implicaba que el gobierno de la ciudad asegurara un sistema de recogida eficiente, pues los desechos inorgánicos podían tener un ciclo de hasta 72 horas, pero los acumulados en los contendores orgánicos debían retirarse antes de 30 horas para evitar su descomposición en la calle. Desgraciadamente, “eso nunca funcionó bien”, confirma Chacón.

Tanques especializados para la disposición de desechos sólidos (Foto: Julio Batista)

Tanques especializados para la disposición de desechos sólidos (Foto: Julio Batista)

Tanto en el informe parcial realizado en 2007, como en las consideraciones finales del proyecto –comenta Chacón–, fue criticada la gestión de recogida de la empresa de Comunales, incapaz de garantizar los plazos previstos para la recolección de los contenedores.

Esta irregularidad condicionó que, como alternativa para disponer de material orgánico, la administración de la planta organizara un sistema de recogida de los desechos de los agromercados de La Habana. Para eso contaban con un solo camión, explica Alejandro Fernández Colomina, quien fuera Subdirector de Higiene Comunal en La Habana.

Fernández Colomina también fue el encargado de liderar el proyecto a pie de obra por la parte cubana y pieza clave en su ejecución. Junto a otros ocho trabajadores, durante 15 días, en septiembre de 2007, Alejandro tomó parte de la capacitación que brindó el proyecto a los futuros operarios en el Instituto de Biología de Chengdu, China, y después del montaje final, se mantuvo al frente del lugar durante poco más de un año.

La planta instalada en la Calle 100 es de “mezcla completa y producción continua”, dice refiriéndose a la obtención de gas. Sin embargo, comenta que el grupo electrógeno que se instaló en el sitio no estaba diseñado para funcionar 24 horas, lo cual limitaba su capacidad de generación.

Por otra parte, Chacón confirma que nunca insistieron mucho por conectarse a la red central eléctrica pues la producción del Biodigestor era de apenas 65 kW/h. Insignificante a escala comercial.

El proyecto promovido por la ONUDI fue concebido como una experiencia demostrativa cuya principal meta era la capacitación de personal y la transferencia de tecnología. Ninguno de sus objetivos incluía, de manera declarada, fines comerciales o propuestas de rentabilidad para las instalaciones que se estaban creando. De hecho, el informe parcial presentado en 2007 explicitaba las limitaciones para la reproducción de esta experiencia, pues “debido a los costos elevados de algunas actividades, por ejemplo la recogida selectiva, la producción de compost de alta calidad y la generación de energía en la planta de biogás, el potencial directo de replicación es limitado”.

Concebido con mayores ambiciones, la realidad pasó factura a su construcción. Un año y medio de retraso en los tiempos del proyecto general y la elevación de los precios en el mercado internacional condicionaron ajustes al diseño inicial para mantener los costos estimados. Ello se tradujo en una instalación experimental y no industrial, que terminó produciendo 60 kilowatts/hora (kW/h) de los 150 previstos en los bocetos.

Aunque de los 70 u 80 m³ de material orgánico que admitía procesar solo funcionó durante el primer año con un promedio de 20 m³ diarios, el Biodigestor logró estabilizar una producción de 65 kW/h que abastecía al complejo de oficinas de la Dirección Provincial de Higiene, próximo a la instalación. Además, la producción de gas sobrepasaba las exigencias de la generación de energía y el excedente se destinaba a la cocción de los alimentos en la misma institución, que brinda servicios a 800 comensales.

Con el Biodigestor, “solo se buscaba demostrar que con la basura orgánica de la ciudad era viable producir biogás utilizable comercialmente”, comenta Chacón. Más que una industria, se pensó para ser una maqueta. Sin embargo, Fernández Colomina asegura que podría ser sustentable desde el punto de vista económico, si se aprovechasen correctamente los subproductos de la descomposición. Chacón considera que, si bien estaba contemplado como parte del proyecto, no se consiguió aprovechar a plenitud los derivados de la obtención del gas: un lodo rico en nutrientes que podía mezclarse con compost (abono orgánico), y un componente líquido de alto contenido de nitrógeno y amplias aplicaciones agrícolas.

Otra propuesta fue emplear ese mismo gas como combustible para los camiones que se encargaban de la recogida de los RSU en la ciudad, pero esta no encontró apoyo en la contraparte cubana.

Aún con defectos, la experiencia dotó a los operarios de tal maestría en la preparación de la mezcla que, durante un año, el biogás obtenido contenía entre un 70 y un 72 por ciento de metano, haciéndolo extremadamente eficiente para generación de electricidad.

A partir de esta fecha surge un vacío. Los reportes finales del proyecto US/CUB/04/151 parecen ser las últimas referencias directas a la labor del Biodigestor. Ni en la prensa cubana, ni en las estadísticas de acceso público queda reflejado el devenir de la instalación. A ciencia cierta hoy solo podríamos decir que la planta produjo cada vez menos y que desde hace meses está inactiva.

¿Qué sucedió desde 2009 hasta la fecha? ¿Por qué no se aprovechan hoy sus potencialidades? ¿Hasta cuándo el sitio permanecerá ocioso?

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Podría pensarse que una vez definido el plan y realizados los primeros estudios, los trabajos para reactivar la Planta Desgasificadora comenzarían de inmediato. Al fin y al cabo, se trata de recuperar una inversión. Una de las causas de la dilación ha sido la espera por conocer qué sucederá con el manejo de los residuos sólidos de la capital cubana, dice Castaño. Ello dependerá de la licitación ofrecida por el Ministerio de Industria cubano para que empresas extranjeras se encarguen del trabajo que hoy realizan las direcciones provinciales Comunales y Materias Primas.

“Dentro de toda la estrategia para controlar las cuestiones higiénicas, el país decidió la creación de una empresa mixta que se encargue de la basura y residuos sólidos en la capital. Ya hay cerca de 80 propuestas serias aspirando a la licitación, entre ellas la de Sur Continente, asociada al grupo especializado KDM Empresas”, añade.

Según el sitio web de la institución, “KDM Empresas es filial del Grupo Urbaser Danner, holding compuesto por la empresa española Urbaser (filial de la compañía ACS) y la estadounidense The Danner Company”. Sus diversas dependencias realizan el ciclo completo de “recolección domiciliaria e industrial, el tratamiento y reciclaje de residuos, la construcción y operación de rellenos sanitarios, hasta la generación de energías renovables”.

La propuesta vencedora asumirá la recogida de los residuos sólidos de la ciudad, la administración de los sitios de disposición final y el reciclaje. “Limpiar, reciclar todo lo reciclable y con lo que queda, industrializar y dedicarlo a la generación de energía eléctrica. Esta es la concepción general”, resume Castaño.

Entonces, el destino inmediato de la Planta está ligado a la licitación, un anuncio que podría, o no, llegar a mitad de este mismo año. Si la empresa chilena se lleva el gato al agua, la inversión sería incluida dentro del gran presupuesto requerido para asumir el trabajo. Si no, entonces la conversión sería un solo proyecto. Mucho más pequeño. Quizás más lento. Pero seguro.

Hoy, lo cierto es que Sur Continente no ha desestimado la idea de generar electricidad. Para ello los estudios arrojaron que con la quema de 900 m3 de gas por hora se genera 1 MW/h de electricidad, siempre que la composición tenga entre el 40 y el 45 por ciento de metano.

Dicho así, quizás no represente demasiado. Pero cuando surgió la idea, Cuba pagaba 0.15 USD por cada kilowatt/hora (kW/h) de electricidad. Ello representaba que la Planta –por entonces– pudo generar ingresos de 3.600 USD cada 24 horas solo por concepto de generación de energía. Trabajando 360 días al año, la cifra ascendería a 1.296.000 USD.

El precio del kW/h está sujeto a las fluctuaciones del crudo en el mercado mundial, y hoy el petróleo está deprimido. Aun cuando el kW/h bajara hasta 0.05 USD, en seis años Sur Continente S.A. recuperaría la inversión inicial, solo con la electricidad generada.

Según datos estadísticos empleados por el Doctor en Ciencias Técnicas Conrado Moreno Figueredo, “el consumo específico de combustible en la producción de electricidad en las termoeléctricas en el 2005, fue de 280 g/kWh”. O lo que es lo mismo, para producir 1 MW/h se emplean 0.28 toneladas de petróleo.

Basados en ese cálculo podríamos tener una idea aproximada de cuánto crudo dejaría de quemarse una vez puesta en marcha la generación eléctrica en la Planta Desgasificadora. Tomemos un ejemplo conservador: si la planta solo funciona 20 horas al día y trabaja 360 días al año, el sitio generaría 7200 MW/h por un año y ahorraría el empleo de 2016 toneladas de petróleo, traducidas en 14.112 barriles del combustible y 5.400 toneladas de CO2 resultante de la combustión.

Por si fuese poco, se nota un alza en el precio de los CERs a partir de la firma de un acuerdo común en la reunión de la UNFCCC en París en diciembre último. Por el momento, no han superado la barrera de los seis o siete euros y aún no son rentables por sí solos, pero la electricidad generada podría cambiarlo todo. “Eso podría proporcionar ingresos a la parte extranjera y ahorrar dinero por concepto de compra de petróleo al país”, comenta Castaño.

Para la Planta de Desgasificación el futuro es mucho más claro. A corto, mediano o largo plazos la nueva inversión devolverá a la vida a la antorcha y el gas correrá por kilómetros de tuberías hasta llegar al generador que produzca electricidad.

Mientras eso sucede, Cárdenas, Torres y Castaño solo pueden esperar. Al igual que espera el Bote de 100. Todos ellos, el basurero y los hombres, son, por así decirlo, peones en un enrevesado juego de ajedrez económico. La expectativa de ganancias por los CERs abrió la planta. La caída de los CERs decretó su paralización. Ahora apuestan por una licitación y por la energía; apuestan por la adaptación.

Sobre el autor

Julio Batista Rodríguez

La Habana (1989). Desde 2015 forma parte del equipo fundador de Periodismo de Barrio, donde integra el Consejo Editorial y se desempeña como periodista. Recibió el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España 2017 en la categoría de Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible. Graduado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana en 2013. Como profesional laboró en el Periódico Trabajadores (Cuba, 2009-2016) y como asesor de programación del canal nacional de televisión Tele Rebelde (Cuba, 2014-2016). Además ha publicado en las revistas Cubahora, On Cuba, Progreso Semanal, El Toque, Cuba Contemporánea, Postdata, el Laboratorio de Ideas Cuba Posible, el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, el periódico alemán Taz. Actualmente se mantiene como colaborador de Radio Francia Internacional.

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