A nivel mundial, las pérdidas derivadas de los delitos contra el medio ambiente están valoradas entre 70 000 y 213 000 millones de dólares estadounidenses, según una evaluación realizada en 2014 por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En Cuba, estas ilegalidades se encuentran dentro de los principales impulsores de cambios de la biodiversidad.

De acuerdo con el Sexto Informe Nacional de Cuba al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), presentado en 2019, “los factores que inciden en la pérdida de diversidad biológica están asociados a la fragmentación de hábitats, los efectos de la contaminación ambiental, los incendios rurales y forestales, las prácticas agrícolas no sostenibles, la pesca, caza y tala furtiva, el comercio ilegal de especies de la flora y la fauna, la introducción e inadecuado control y manejo de especies exóticas invasoras, así como la insuficiente atención brindada a los recursos genéticos”.

A su vez, Cuba constituye uno de los 35 puntos calientes de biodiversidad en el planeta. Estos se definen como regiones que poseen una elevada concentración de ecosistemas, especies y endemismos, explica el Informe. “En el archipiélago cubano habita el mayor número de especies de plantas y vertebrados de las Antillas y alberga un elevado porcentaje de especies exclusivas”.

La preservación de la biodiversidad resulta indispensable para garantizar el equilibrio de los ecosistemas, los cuales desempeñan un papel crucial, sobre todo para las economías en desarrollo, debido a que contribuyen a la generación de ingresos y medios de subsistencia; prestan servicios vitales, como la amortiguación de condiciones climáticas extremas; y representan una plataforma sobre la que se basan, en última instancia, las economías y la producción de alimentos en el futuro, precisa el PNUMA.

Por ello, los delitos contra los recursos naturales representan una amenaza no solo para la conservación de especies, sino también para la seguridad de los Estados y sus habitantes, el desarrollo sostenible y los ingresos procedentes de los sectores económicos que dependen de tales recursos.

La normativa cubana para la protección de la biodiversidad se estructura bajo una ley marco –la Ley No. 81 del Medio Ambiente– y diversas legislaciones sectoriales de organismos estatales, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Industria Alimentaria o el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, detalla el Informe a la CDB.

No obstante, a pesar de ello, Cuba no cuenta con una base legal que permita un control efectivo del uso privado de los recursos naturales, explica la Resolución No. 365/2021, publicada en la Gaceta Oficial No. 5 Extraordinaria. Al mismo tiempo, también existe un desconocimiento de la población con respecto a las regulaciones acerca de la explotación de estos recursos, lo cual ocasiona que se aprovechen los “vacíos legales” sobre el tema, agrega el documento.

La Resolución No. 365/2021 –que aprueba las Acciones de Comunicación del Plan Gubernamental para la prevención y enfrentamiento de este tipo de delitos– señala como principales problemas la escasa interacción entre los organismos encargados de gestionar la protección de los recursos; la poca sensibilidad de algunos cuadros acerca de la importancia de la conservación medioambiental; la ausencia de una divulgación atractiva y sistemática sobre el tema por los medios; y la desconexión entre los órganos rectores, la academia y la sociedad civil.

Al mismo tiempo, el texto recalca la necesidad de fomentar una cultura que permita convivir sin dañar la naturaleza y lograr la prevención de infracciones que provoquen daños al medio ambiente, tales como incendios forestales, tala indiscriminada, pesca ilegal y no declarada, caza ilegal y comercialización de aves endémicas y migratorias, extracción de arena de ríos y playas, desvío de cauces de ríos, minería artesanal y de pequeña escala, hornos de cal, e importación de especies exóticas.

Incendios forestales y tala indiscriminada

De 2011 a 2017, ocurrieron 2 938 incendios forestales en Cuba, los cuales afectaron, aproximadamente, 49 077 hectáreas, especifican el Informe a la CDB y el reporte “Indicadores ambientales como instrumento de la política y la gestión ambiental”, elaborado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA) y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

Cantidad de incendios forestales y superficie boscosa afectadas por estos (en hectáreas) en Cuba de 2011 a 2017 (Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Cuba a la CDB, el CITMA y la ONEI).

Solo en 2020, ocurrieron más de 500 incendios forestales. Sus causas principales pueden ubicarse en descuidos o indisciplinas humanas, como la quema de desechos, hornos ilegales de cal, tránsito de vehículos sin matachispas, fuegos dejados por pescadores y cazadores no autorizados, cabos de cigarros, y fogatas que se encienden durante la extracción ilícita de recursos naturales en cuevas y otros lugares oscuros, determina la Resolución 365.

Al mismo tiempo, este documento también apunta que no siempre existe una alerta máxima en el Cuerpo de Guardabosques en el periodo de mayor riesgo de incendios –que se extiende del 1 de enero al 31 de mayo, durante la época de sequía– y que se precisa ofrecer mayor capacitación al personal involucrado en su extinción.

Estos incendios, en conjunto con la tala indiscriminada de bosques, contribuyen a la deforestación y pérdida de biodiversidad. Ambas acciones ocasionan una disminución de la cobertura forestal a una velocidad mayor de la que esta puede regenerarse. Además de las implicaciones que ello supone para el hábitat de numerosas especies, esta reducción contribuye a una mayor permanencia de dióxido de carbono en la atmósfera, pues los bosques actúan como sumideros de este gas.

Igualmente, en la Gaceta se explica que “el cambio en el suelo afectará después al clima del lugar en general, al quedar con menos retención de humedad y ser más propenso a sequías e incendios forestales”. Para contrarrestar tales efectos, resulta necesario detener la tala indiscriminada y asegurar prácticas que se basen en la comercialización y corte planificados de la madera.

No obstante, el Informe de Cuba al CDB señala que en las últimas décadas ha existido un incremento de la cobertura boscosa en la Isla, la cual para 2019 representaba el 31.23 % de la superficie terrestre.

Índice de boscosidad en Cuba de 2001 a 2016 (Fuente: Elaboración propia con datos del CITMA y la ONEI).

Pesca ilegal y no declarada

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el sector pesquero y acuícola en Cuba generaba 7 480 empleos directos en 2013, exportaba productos pesqueros por un valor de 71 millones de dólares estadounidenses en ese mismo año y suministraba 5.5 kg anuales per cápita en 2011.

Para 2015, esta institución alertaba de la tendencia decreciente en las capturas marinas de la Isla, como resultado de la disminución de los recursos y la influencia de factores antropogénicos y ambientales. Por ello, insistía en la importancia de la adopción de una política de uso basada en la organización y desarrollo de la pesca de forma sostenible, con el fin de que fuera posible mantener el beneficio nutricional, económico y social de la población. Al mismo tiempo, también apuntaba que, si bien el marco legislativo cubano era adecuado y suficiente, aún debía perfeccionarse.

Las prácticas de pesca ilegal en el país afectan a especies protegidas, como el cocodrilo y el quelonio, y otras como la langosta, el camarón, el pargo o la cherna, que poseen una alta demanda en el mercado ilegal, lo cual provoca un incremento en sus capturas por pescadores y productores no autorizado, explica la Gaceta.

El Informe de Cuba a la CDB detallaba que, en 2018, las violaciones más frecuentes a las regulaciones de pesca fueron la realización de la actividad sin contar con licencia; el empleo de productos de la pesca deportiva, recreativa o investigativa con fines de lucro; la captura y comercio ilícito de especies destinadas exclusivamente a la pesca comercial estatal; y la presencia a bordo de avíos de pesca no autorizados.

Ilegalidades de pesca más frecuentes en 2018 (Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Cuba a la CDB).

Caza ilegal y comercialización de aves endémicas y migratorias

Especies como cotorras, azulejos, mariposas, tomeguines, cabreros y negritos son objeto de la caza furtiva por su valor estético y por su elevado precio en el mercado negro (Foto: Hansel Leyva).

En Cuba se encuentran prohibidas, por la Resolución No. 858/2015 del Ministerio de Agricultura, la caza de yaguasa en luna llena; de venado con sabuesos y luz artificial; de puerco jíbaro con perro criollo; de conejos o liebres con luz artificial; la captura de jutías con trampa, con perro criollo o con calibre reducido; y de codorniz con perro, vara y lazo; entre otras.

La Resolución 365 señala que una de las causas de la caza ilegal radica en que animales como el venado de cola blanca, el manjuarí, el manatí y el cangrejo de tierra son empleados en los restaurantes y casas de alojamiento del sector no estatal. Igualmente, especies como cotorras, azulejos, mariposas, tomeguines, cabreros y negritos son también objeto de la caza furtiva por su valor estético y por el elevado precio que poseen en el mercado negro.

A pesar de que se han adoptado diferentes acciones para intentar revertir esta práctica, su efectividad se ve limitada por la baja cuantía de las multas aplicadas a los infractores y el alto valor con que se comercializan las especies capturadas.

Desde 2015 hasta agosto de 2018 se han impuesto un total de 10 222 multas relacionadas con delitos hacia la fauna silvestre, como caza, transporte, comercio y posesión de las especies o sus partes.

Número de multas impuestas por delitos hacia la fauna silvestre de 2015 a agosto de 2018 (Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Cuba a la CDB).

Desvío de cauces de ríos

Este tipo de ilegalidades afecta el caudal de los ríos, e incluso, en condiciones de sequía extrema pudiera ocasionar la desaparición de un río pequeño y poco caudaloso. Tal acción se realiza con el objetivo de acercar los flujos de agua a cosechas o centros productivos, así como para garantizar el acceso de agua potable a viviendas.

Minería artesanal y de pequeña escala

Entre las afectaciones de la minería artesanal y de pequeña escala se encuentran la contaminación de fuentes de agua limpia, y daños por erosión y deforestación (Foto: Hansel Leyva).

La explotación minera artesanal tiende a realizarse por agricultores y ganaderos en zonas agrícolas de baja productividad. A su vez, las ganancias de esta actividad pueden servir para financiar otras acciones delictivas, como la colocación en el mercado de los minerales obtenidos.

Al mismo tiempo, representa un riesgo para la salud y la vida de quienes la llevan a cabo, pues implica la exposición a productos químicos y polvo de sílice cristalina, el cual ha sido clasificado por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) como agente cancerígeno. Otros peligros provienen de los efectos de la ventilación deficiente, el uso de equipo inadecuado, la falta de conocimiento y la ausencia de equipo de protección. Entre las afectaciones al medio ambiente se encuentran la contaminación de fuentes de agua limpia de comunidades y de ríos; y daños por erosión y deforestación.

Uno de los problemas esenciales para su enfrentamiento –se explica en la Gaceta– es que los marcos reguladores se centran en el control, pero no ofrecen incentivos para los mineros que realizan la actividad, tales como la oferta de empleos alternativos y legales.

Extracción de arena en ríos y playas

La arena extraída de forma no autorizada de los deltas de ríos y playas se destina principalmente al mercado informal de la construcción en la Isla. Esto conduce a un incremento de la erosión en las costas, la disminución de la capa freática y de la cantidad de suministro de sedimentos; destruye el hábitat de diversos organismos, lo cual ocasiona un cambio de composición en las especies, y puede llegar a afectar el abastecimiento de agua potable en algunas comunidades, apunta la Resolución 365.

Hornos de cal

Estos hornos son empleados para extraer la cal de las piedras calizas. Para ello también se requiere de madera, la cual es usada como combustible para oxigenar las piedras. Si se realiza cerca de matorrales o campos de pinares puede ocasionar incendios forestales. Al mismo tiempo, en ocasiones, las excavaciones para extraer las piedras se realizan de forma incorrecta y producen desprendimientos que derivan en la pérdida de hábitats de diferentes especies.

Al igual que la extracción de arena, esta actividad contribuye a la provisión de materia prima al mercado informal de la construcción, por ello, resulta necesaria una regulación para este mercado, con el fin de reducir la explotación de recursos naturales para garantizar la oferta de materiales de construcción.

Importación de especies exóticas

La introducción de especies exóticas constituye una de las principales causas de pérdida de diversidad a nivel mundial (Foto: Hitch).

Quizás la experiencia reciente más conocida de las consecuencias de este tipo de delitos ha sido el caso del caracol africano, catalogado como una de las 100 especies exóticas más invasoras del mundo, y que 5 años después de haber sido confirmada su presencia en la Isla, en 2014, se encontraba en 13 de las 15 provincias del país.

La introducción de especies exóticas constituye una de las principales causas de pérdida de diversidad a nivel mundial, argumenta un texto publicado por la CDB. Además de generar epidemias en humanos y animales, esta práctica puede conducir al declive y la extinción de especies autóctonas y afectar negativamente los ecosistemas. Las especies invasoras se reproducen rápidamente y superan en número a las locales, con las cuales compiten por alimento, agua y espacio.

Como forma de contrarrestar estos delitos se han implementado diversas estrategias con el objetivo de evitar su introducción en territorio nacional y su posterior propagación, que puede representar un peligro para los ecosistemas del país.

Sobre el autor

Olivia Marín Álvarez

Olivia Marín Álvarez

Doctorante en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México. Máster en Relaciones Internacionales por la misma Universidad (2018). Graduada de Periodismo por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana (2012).

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