A los lectores de “La urbanización de los pobres”, reportaje sobre el asentamiento que el Gobierno de La Habana construye en Indaya, puede que le queden algunas preguntas por responder. Esta bitácora pretende explicar los tropiezos que nos impidieron ofrecer esas respuestas que faltan.

Desde el 5 de mayo de 2016, cuando Periodismo de Barrio llegó a esta urbanización a medio construir en La Habana, intentamos desenredar la madeja que trenzaron las instituciones implicadas en esta obra. Creímos que si lográbamos comprender los procesos de este caso particular tendríamos una idea de cómo se construyen las viviendas sociales en Cuba. Sin embargo, en diez meses de insistencias y entrevistas prorrogadas, apenas pudimos vislumbrar la superficie de lo que al menos unas siete entidades diferentes sabían sobre este tema.

El día que visitamos por primera vez este barrio en las márgenes del Quibú supimos que se estaban entregando alrededor de 16 viviendas nuevas a unos 100 metros de Indaya. En el acto estaba el vicepresidente de Construcciones de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Marianao, Joe Luis San Jorge, quien no accedió a dar declaraciones bajo la excusa de que era nuevo en el cargo. Pensé que tal vez llevaba par de días asumiendo esa responsabilidad y que no quería ofrecer una información errada. Luego supe que en realidad hacía cuatro meses que era vicepresidente.

Joe se negó a hablar entonces, pero me dio el número de teléfono de su oficina. Desde el 9 de mayo hasta el lunes 5 de septiembre realicé 23 llamadas. Transité desde los “No está”, “Ahora se encuentra reunido”, “Llámalo más tarde”, “En estos momentos no puede atenderte”, hasta los “Ah, eres la periodista, él sí te va a dar la entrevista, déjame llamarte de vuelta y confirmamos el día”, “Mira, él te iba a ver mañana pero se enfermó y va a estar fuera unos días”, “Periodista, sé que has llamado varias veces pero llámalo mañana de nuevo y él te va a dar una respuesta”, “El vicepresidente está de certificado médico”, “Él en esta semana le está haciendo entrega al nuevo presidente del Gobierno”, “Qué pena me da contigo pero el vice está de vacaciones por quince días”. Todo esto me lo dijo Odalys, su secretaria, que al verme cuatro meses después parecía sinceramente apenada. Margarita, una de las asesoras del vicepresidente, me atendió en algunas de esas llamadas y varias veces se disculpó explicándome que ella no sabía nada de la urbanización y que por eso no podía ayudarme.

El 26 de agosto, estuve en la Dirección Municipal de Planificación Física, que ocupa el mismo edificio que la Vicepresidencia de Construcción. La China, una de las especialistas de Urbanismo, me atendió con diligencia, pero me envió a la Dirección Provincial de Planificación Física (DFPP) porque ellos, ahí en el municipio, “no han tenido nada que ver con el asentamiento de Indaya y quienes saben verdaderamente son los de Provincia, que se encargan de decidir las microlocalizaciones”. En la DFPP nunca aparecieron las especialistas sugeridas. Cuatro veces llamé esa semana, y siempre estaban reunidas.

El lunes 5 de septiembre conocí a Caridad Trujillo, Cachita, presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo que atiende la Vivienda, la Construcción, el Transporte y las Redes Técnicas en la Asamblea del Poder Popular de Marianao. A Cachita le tocó oír de una sentada toda mi travesía para lograr una entrevista con algún representante del Gobierno local que pudiera hablarme sobre la urbanización de Indaya. Me especificó que ella no podía decirme nada, porque con ella o con la Comisión “nadie contó, porque a nadie le importa lo que nosotros pensamos”. Sin embargo, me dijo que no me preocupara, que me iba a ayudar.

Cachita, que desde 2002 es también la vicepresidenta del Consejo Popular Libertad, me tomó del brazo y me llevó a repasar los mismos lugares y personas del Gobierno que antes me habían evadido. En el octavo piso, Odalys, la secretaria del vicepresidente de Construcciones, le explicó: “El jefe está de vacaciones, ella [se refería a mí] ha llamado muchas veces pero imagínate, no hay nada que yo pueda hacer”. Cachita, como yo, se iba desesperando. “Veamos al nuevo presidente de la Asamblea”, me dijo.

Mientras esperábamos el elevador, me comentó que desde 2012 empezaron a llegar quejas relacionadas con las casas de Indaya, sobre todo inconformidades sobre a quiénes iban a ser entregadas una vez se terminaran. En ese periodo, Cachita trabajaba en el Departamento de Atención a la Población del propio Gobierno. Ella recuerda haber escrito varias cartas e informes explicándoles a “los de arriba” lo que estaba sucediendo. Como nunca obtuvo una respuesta que valiera la pena darles a las personas que venían a reclamar información sobre este asunto, no aguantó más y se cambió a otro departamento. Ahora trabaja en el de Atención a la Población de la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social. “Creo que en Indaya se hizo un mal trabajo”, fue lo que me dijo cuando hablamos sobre los procesos de entrega de viviendas.

En el décimo piso, Yoan, el nuevo presidente del Gobierno, le dio cita a Cachita para atenderme el miércoles 14 de septiembre, porque él tampoco sabía nada del asentamiento. El día acordado ambas acudimos a la entrevista y el presidente no nos pudo atender porque no estaba en el edificio. Su jefa de despacho prometió llamar esa misma tarde para reprogramar el encuentro y no lo hizo. El jueves, Vicky, la actual jefa del Departamento de Atención a la Población y con quien la jefa de despacho del presidente había contraído el compromiso de devolverme la llamada, me dijo que ella lamentaba que no pudieran atenderme. Además, teniendo en cuenta que la entrevista no se iba a dar y que ningún funcionario había podido responder por Indaya en ese tiempo, me dijo que escribiera en el reportaje lo que yo estimara prudente, es decir, que “en el Gobierno de Marianao nadie quiso darme la información pública que yo estaba solicitando”.

En la Dirección Municipal de la Vivienda no me fue mejor. Greta Rodríguez, la subdirectora técnica, me citó para el 27 de agosto a una reunión de inspección que se haría en el asentamiento y a la cual debían asistir los directores de las empresas constructoras. Greta nunca fue, y una vez allí, en medio de la obra, cuando le solicité una entrevista al director del Grupo Empresarial de la Construcción de la Administración Local (GECAL), este se limitó a dar una opinión que podría servir para hacerse una idea del tipo de persona que es, aunque ciertamente no arroja mucha luz sobre Indaya y por tanto no merece ser citada.

El director de la Empresa Provincial de Producción de Materiales y Servicios Especializados para la Construcción, que había asistido igualmente a la inspección, afirmó que nunca hubo problemas con los suministros de su empresa a la urbanización y que en los próximos días me concedería una entrevista. Lo llamé cinco veces en la semana del 29 de agosto al 1ro. de septiembre de 2016 pero no di con él. Según su secretaria siempre estaba ocupado o recién había salido. El 2 de septiembre, a las 7:45 a.m., fuimos a su oficina y no nos pudo atender porque ya a esa hora estaba reunido. Una de sus asistentes prometió que durante esa jornada el director concertaría una cita conmigo. Nunca llamó.

Greta volvió a citarme para una nueva inspección el sábado 10 de septiembre en la urbanización, y ningún director de empresa ni Greta asistieron al encuentro. El día anterior yo había ido a su oficina para una entrevista acordada para las 10 de la mañana y que tuvo que ser postergada porque ella no podía atenderme. En vistas de que ya estaba en la Vivienda municipal, Greta me presentó al director de la unidad para que aclarara mis dudas sobre el asentamiento, que aumentaban con cada negativa. El director, Luis Guillermo Rodríguez, tampoco tenía tiempo para mis preguntas en ese momento. Aseguró que el lunes 12 de septiembre me llamaría para darme cita. Nunca llamó.

El jueves 15 de septiembre, que era el día de Atención a la Población, le hice una visita de cortesía a Luis Guillermo Rodríguez. Me recibió, aunque solo para decirme que si bien le había gustado el sitio de Periodismo de Barrio e incluso coincidía con algunas de las cosas que habíamos publicado, no estaba de acuerdo con otras y por eso decidía no concederme la entrevista. Este funcionario público fue el obstáculo final que me impidió conocer algunos de los aspectos medulares de esta acción concebida por el Estado cubano para erradicar un barrio insalubre. Sin poder acceder a la documentación, que debería estar pública, sobre un proyecto social relevante, y sin otras fuentes dispuestas a dar información sobre presupuestos, fechas y demás temas relacionados con la obra, quedé en un bucle de frustración.

Estas son algunas de las preguntas que quedaron sin respuesta y que podrían ayudar a alcanzar mayores niveles de transparencia en un programa como el de Indaya:

  • ¿Cómo se concibió a nivel de Gobierno el proyecto de urbanización de Indaya?
  • ¿Cuál fue el presupuesto total asignado en 2012 para la construcción del asentamiento y cuánto se ha ejecutado?
  • En el cartel informativo que ofrece algunos detalles de la obra que se está ejecutando en Indaya, aparece la cifra de
    1 033 400 pesos, que es el monto asignado para 32 viviendas. Si esta cantidad representa apenas un 1 % del presupuesto total, ¿en qué se ha invertido el resto del dinero?
  • ¿Cuánto del presupuesto se asigna a la compra de materiales y suministros? ¿Qué tipo de materiales se autorizan a comprar? ¿Qué niveles de calidad se solicita en los materiales?
  • ¿Cuáles son las valoraciones en cuanto a la calidad de la estructura de la obra y del proceso de ejecución?
  • ¿A qué se deben las diferencias de terminación entre las casas del asentamiento?
  • ¿Para cuántas personas fue pensada la urbanización?
  • ¿Cuáles son los principios que rigen la entrega de viviendas terminadas?
  • ¿Cómo debería ejecutarse este proceso de entrega?
  • ¿Cuál es la fecha final de entrega que se ha previsto?
  • ¿Cuánto tienen que pagar las personas por la propiedad de las nuevas viviendas?

Quizá algún funcionario electo para representar al pueblo en este municipio pueda contribuir a que estas preguntas sean respondidas. Este tipo de información no debería estar en manos de personas que deciden no conceder entrevistas y ocultar datos.

Una parte de lo que está sucediendo con el asentamiento de Indaya pudo desvelarse gracias a otras instituciones interesadas en contar su verdad, a los pobladores de Indaya y a la historia que sin mucho esfuerzo van contando las casas terminadas.

Sobre el autor

Geisy Guia Delis

Graduada de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana (2014). Fue redactora reportera en la Redacción Informativa de 'Radio Rebelde'. Ha colaborado con el portal del arte joven cubano de la AHS, y con el sitio francés 'Cuba24Horas'. Participó en el Taller de Periodismo de la Fundación Panter y el periódico 'Taz' en Berlín, en 2015.

3 comentarios

  • Su esfuerzo y constancia es brillante, pena que el final siempre sea el mismo, es por ello que la gente busca la mejor solucion (para muchisimos) largarse de este pais, mientras se pudo y pueda.

    • Muchas gracias Rolo. Ojalá y el gobierno de Mariano comprenda que el acceso a la información es una necesidad, especialmente cuando de ella depende que personas como las de Indaya puedan exigir todo a lo que tienen derecho.

      • El acceso a la información no solo es una necesidad sino un derecho, ese asentamiento no se financia con dinero privado sino con dinero público, el dinero que generan todos los cubanos.

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