Una alianza en la selva maya maneja de manera eficiente los recursos forestales

El domingo 19 de agosto de 2007, a las 9:30 de la mañana, el meteorólogo mexicano José Nemesio Medina avisó que el huracán Dean, de categoría 4 en la escala Saffir Simpson, podría pasar por la Bahía de la Ascensión, ubicada cerca de la reserva de la biosfera de Sian Kaan en el municipio Felipe Carrillo Puerto del estado Quintana Roo. Al día siguiente, el gobernador Félix González Canto declaró formalmente la alerta roja para cuatro municipios de la región. Felipe Calderón, presidente del país, anunció que regresaría de Canadá, donde se encontraba reunido con su homólogo estadounidense, George W. Bush, y el primer ministro canadiense, Stephen Harper, “para supervisar los operativos de emergencia”. El martes 21 de agosto, el ojo del huracán Dean, que había alcanzado la categoría 5, atravesó Bacalar, una ciudad del municipio Chetumal, la capital de Quintana Roo, con vientos de hasta 295 km/h.

El monto total de los daños, según un informe publicado por la Secretaría de Gobernación y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ascendió a 210 millones de dólares: casi 20.000 viviendas de estructuras endebles, 127 planteles escolares y 60 unidades médicas fueron afectados. Y también la selva maya. Alrededor de 917.000 ha de selva mediana y 270.000 ha de selva baja sufrieron daños. O lo que es lo mismo: una franja de 36 km de ancho. De acuerdo con declaraciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se necesitarían alrededor de 4 millones de dólares para la rehabilitación de las zonas afectadas.

En el municipio Felipe Carrillo Puerto, el ejido Noh Bec estaba a punto de concluir sus diez primeras anualidades de cortas autorizadas como parte del Programa de Manejo Forestal de la SEMARNAT que había iniciado en 1999. Tras el paso del huracán Dean, la secretaría suspendió el Programa de Manejo Forestal y aprobó permisos de corta temporales. Noh Bec perdió además la certificación forestal que había otorgado la organización Smart Wood y que les permitía la exportación de la madera a Estados Unidos y Alemania fundamentalmente. El bosque quedó en estado crítico, con una buena parte de sus árboles dañados, quebrados, carentes de copas por la intensidad de los vientos. De 6.042 m³ de maderas preciosas producidos en 2007, Quintana Roo descendió hasta 1.900 m³ en 2008.

Tres años después del paso del huracán Dean, Noh Beh aún no había recuperado el sello verde. “La madera empezó a venderse a como se podía y los precios bajaron muchísimo”, recuerda Abraham González, director forestal del ejido, con una superficie total de 24.122 ha. “Había que unirse para homogeneizar los precios de la madera”, dice Abraham.

Así se inicia la Alianza Selva Maya el 15 de julio de 2011.

Cien años antes, el 28 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata proclamaba su Plan de Ayala donde proponía la devolución de los terrenos, montes y aguas a los pueblos o ciudadanos que tuvieran los títulos de propiedades correspondientes, de los cuales habían sido despojados por los latifundistas. El artículo 27 de la Constitución mexicana, aprobada en 1917, cedía la propiedad de la tierra a los campesinos y a las comunidades indígenas mediante la creación de dos formas fundamentales de propiedad social sobre la misma: los ejidos y las comunidades.

Los ejidos son propiedades rurales de uso colectivo con tres órganos fundamentales: la Asamblea, el Comisario Ejidal y el Consejo de Vigilancia. El Comisario Ejidal está constituido a la vez por un presidente, un secretario y un tesorero, y ejecutan las decisiones de la Asamblea. El Consejo de Vigilancia escruta las decisiones del Comisario Ejidal. Los ejidatarios mantienen la “propiedad civil” sobre la tierra, pero no pueden venderla, alquilarla, hipotecarla, ni ofrecerla como garantía para la solicitud de créditos. Estas restricciones legales se establecieron porque la concesión de la propiedad plena sobre la tierra podría provocar la pérdida de la misma a manos de los latifundistas, debido a la vulnerabilidad política de los campesinos.

Sin embargo, el gobierno mantuvo un control centralizado de los bosques hasta 1940. Ese año, se introdujeron cambios en la legislación mexicana que permitieron el otorgamiento de concesiones a empresas privadas para la explotación de los recursos forestales. “Las concesiones fueron concedidas por periodos de 25 a 60 años, de manera centralizada, sin consulta con ejidos o comunidades afectadas”, explica Iván Zúñiga, coordinador operativo de Polea, una organización sobre política y legislación ambiental mexicana. A finales de 1970, el sector forestal mexicano estaba en crisis debido a la sobreexplotación de los bosques naturales. En 1986 se abolieron las concesiones a empresas privadas y se devolvió el derecho a la explotación de los recursos forestales a las comunidades y ejidos.

En 1997, SEMARNAT diseñó una estrategia de promoción de la gestión de bosques que incluyó dos nuevos programas: el Programa de Desarrollo Forestal y el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario (PROCYMAF). Este último pretendía seguir “fortaleciendo el manejo y la conservación de los ecosistemas forestales en ejidos y comunidades principalmente indígenas bajo esquemas de silvicultura comunitaria”. En octubre de 2014, el Consejo Civil Mexicano para la silvicultura sostenible publicó una nota donde reconocía que se podía extraer madera de las selvas de Quintana Roo sin dañar el ecosistema, siempre y cuando se tuviera un área con vegetación alrededor y se permitiera la regeneración del área intervenida.

Se estima que actualmente 2.300 ejidos y comunidades tienen permiso para el uso de la madera en sus bosques y selvas tropicales, de un total de 8.400 con derecho. Durante los últimos 25 años, más del 80 por ciento de los bosques templados y tropicales de México han sido manejados por comunidades rurales y poblaciones indígenas, lo cual les permite decidir sobre la producción maderera comercial. Sus prácticas de cosecha no han sido solamente rentables para las comunidades sino que han contado con un enfoque de preservación del ecosistema.

—Imagina un ejido que tiene 10.000 hectáreas de bosques y 100 ejidatarios –me dice Zúñiga–. Tocarían a cien hectáreas por cada uno. Esas cien hectáreas se dividen en bloques de diez hectáreas y esas son las que se cosechan cada año. Por tanto, tendrías diez años, o más, para regresar al sitio por donde empezaste, lo que permite la restauración de la selva. Ahora bien, en esas diez hectáreas no se talan todos los árboles, sino los más débiles, los que están en peor estado. Se dejan en pie los de mayor calidad genética. En el sitio donde se talaron los árboles queda un claro, que permite la entrada del sol, y las semillas de los árboles que no fueron talados se prenden en el suelo y se restaura de manera natural el ecosistema.

La Alianza Selva Maya tiene 113.000 ha de selva en zonas conocidas como Áreas Forestales Permanentes y otras 49.000 bajo conservación comunitaria. Los cinco ejidos que la conforman son Bacalar (4.036 ha bajo manejo forestal, 10.758 ha de superficie total y 165 ejidatarios), Felipe Carrillo Puerto (24.543 ha bajo manejo forestal, 47.000 ha de superficie total), Noh Bec (18.500 ha bajo manejo forestal, 24.122 ha de superficie total y 216 ejidatarios), Petcacab y Polinkin (42.552 ha de superficie total y 206 ejidatarios) y Xhaxil y Anexos (396 ejidatarios).

José Antonio Arreola, asesor técnico forestal, explica que “cada ejido se maneja de manera independiente, pero también forman parte de la Alianza”, porque “en un solo ejido no podemos lograr mejores precios para nuestra madera”.“Por eso nos juntamos”, añade Elías Be Cituk, presidente de la Alianza. En enero de 2015, la Alianza consiguió abrir su cuenta bancaria después de cinco años de legalizaciones.

Hoy, 12 de diciembre, representantes de los cinco ejidos cuentan sus experiencias en el centro ecoturístico de Felipe Carillo Puerto ante un grupo de periodistas internacionales. De camino a la selva, Alfonso Argüelles, representante nacional de México ante el Consejo de Administración Forestal, una organización no gubernamental de acreditación con sede en Bonn, Alemania, explica los principales desafíos que enfrentan en las comunidades.

—Hábleme de los jóvenes, hábleme de los salarios y hábleme de las mujeres –pregunto.

—Los jóvenes quieren revisar su Facebook, los ejidatarios quieren ganar un salario digno y las mujeres administran mejor que los hombres –dice.

—¿Y eso cómo se traduce eso en las políticas de los ejidos?

—De los cinco ejidos, hay dos donde las tesoreras son mujeres. Muchas trabajan en las zonas ecoturísticas. En el caso de los jóvenes, no queríamos que se nos fueran a la ciudad por el Internet. Y trajimos el Internet hasta el ejido. No queríamos que los jóvenes se nos fueran a la ciudad por la televisión y trajimos Cablevisión. Por 40 pesos mexicanos (2 USD) ahora pueden tener Internet en sus teléfonos y en sus casas y por 200 pesos (10 USD) tienen Cablevisión. La comunidad lo subsidia. En la ciudad cuesta mucho más. Y los salarios son buenos. Un propietario puede ganar hasta 4.000 pesos mexicanos al mes como salario básico. Pero si es técnico forestal puede llegar hasta los 14.000. Además, tenemos una política de empleos que favorece primero a los propietarios, luego a sus hijos y familiares, después a los miembros de la comunidad y, por último, a extranjeros o personas de fuera del pueblo.

—¿Cómo logran que algunos ejidatarios no quieran apropiarse de los recursos comunes?

—Abriendo espacio para los emprendedores, creando oportunidades. Hay quienes se conforman con cosechar su madera y venderla, hay quienes quieren añadir un valor agregado y así aumentan el precio y obtienen más ganancias. A esos últimos, por ejemplo, se les permite crear carpinterías. Si te permito tener una carpintería, no vas a querer quedarte con mi madera, ¿verdad?

—¿Tienen muchos incendios forestales aquí?

—A veces sí. Nosotros no cultivamos en nuestra selva, pero hay comunidades adyacentes a nuestros ejidos que utilizan el fuego para la agricultura. A veces nos coge candela el bosque por eso.

—¿No hay mecanismos legales para demandarlos, denunciarlos?

—Sí, los hay, pero lo resolvemos mejor entre nosotros. Ahora cuando van a prender fuego les pedimos que nos avisen y nos apostamos en los límites para apagar el fuego en caso de que se extienda. Es mejor dialogar que ir a los tribunales.

Desde su creación, la Alianza ha incorporado proyectos de ecoturismo y de captura de carbono, y ha desarrollado técnicas de adaptación agrícola para el cambio climático. En 2016, el Instituto Tecnológico de la Zona Maya tenía un taller de fábrica de piso de madera abandonado. La Alianza hizo un convenio con el centro de estudios y restauró el sitio a través de un proyecto de colaboración con el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) que otorgó 1.000.000 de pesos para la compra de maquinaria, materia prima, el pago de asistencia técnica y la inversión en capital de trabajo.

—Somos los principales impulsores de la conservación rural comunitaria. De eso vivimos.

Elaine Díaz Rodríguez recibió una beca de la Earth Journalism Network para la cobertura de la COP 13.